El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer ahora cuáles son los municipios en los que se habían hechos más obras y permanecían sin declararse. Esta investigación de la Dirección General del Catastro deja casos sorprendentes en algunos municipios de la provincia, apareciendo entre los términos con más irregularidades de todo el país, como sucede con Peñarroya-Pueblonuevo (primero de España con más porcentaje de fraude), Cardeña (cuarto) o Pedroche (duodécimo). En la provincia de Córdoba existen 962.192 inmuebles, en las que se ha detectado 91.802 irregularidades en este proceso de inspección del Catastro, es decir, estaba sin actualizar el 9,5% de las obras. Este proceso sitúa a la provincia como la segunda de Andalucía con un mayor número de obras no declaradas, solo superada por Sevilla (113.015), y la novena de España.

El Ministerio de Hacienda recoge en su informe que en la provincia hay 962.191 inmuebles, de los que 623.212 son urbanos y 338.979 de naturaleza rústica. Los bienes regularizados afectaron a 74.816 inmuebles urbanos y 16.986, rústicos. Los principales fraudes se deben a ampliaciones y rehabilitaciones no comunicadas a la Dirección General del Catastro (58,6%), seguidas de nuevas construcciones (30,3%), reformas y cambios de uso (7,7%) y la edificación de piscinas (3,3%).

Atendiendo, al número de inmuebles regularizados entre 2014 y 2018, Peñarroya-Pueblonuevo es el que registra más inmuebles que ahora se han actualizado. Se ha descubierto que el 48,8% de las obras no estaban declaradas, es decir, 4.426 de las 9.054. De estas irregularidades, el 68,2% correspondían a ampliaciones y rehabilitaciones, mientras que el 19% eran por reformas y cambios de uso y el 12,5% eran nuevas construcciones.

El segundo municipio cordobés con más casos descubiertos con relación a sus inmuebles corresponde a Cardeña, con el 38,3% de edificios que no se habían comunicado al Catastro; mientras que en el tercer lugar aparece Pedroche, con el 31,2% de incidencias regularizadas en este proceso. Por encima del 20% de incidencias detectadas se encuentran también Fuente la Lancha (24,2%), Monturque (22,6%), Valenzuela (21,3%) y Belalcázar (20%).

Esta regularización de inmuebles en el Catastro se inició con el objetivo de incrementar la recaudación tras detectar que se había podido producir un fraude en los bienes inmuebles urbanos y rústicos en construcción o al existir alteraciones de sus características que no se habían comunicado al Catastro. Para ello utilizó drones, fotografías aéreas o visitas de inspectores en toda España, a excepción del País Vasco y Navarra. La regularización de estos bienes conlleva el pago de una tasa de regularización catastral, que es de ámbito estatal. Según indica el Catastro, la cuantía de esta tasa es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización y debe ser abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

CLAVES

1. El caso de Peñarroya- Pueblonuevo

Casi la mitad de los inmuebles del municipos del Alto Guadiato no estaban declarados en la Dirección General del Catastro.

2. Las principales ilegalidades

El 58,6% de los casos registrados en la provincia corresponden a ampliaciones y rehabilitaciones que no se habían comunicado.

3. ¿Qué pasa en las nuevas construcciones?

Hasta el 30,2% de los fraudes descubiertos son nuevas construcciones que no se habían comunicado al Catastro.

4. ¿Cuánto se paga por la tasa estatal?

La cuantía de la tasa para la regularización asciende a 60 euros por cada uno de los inmuebles que presentaban irregularidades.