El Ayuntamiento de Lucena lleva meses posponiendo la aprobación de una ordenanza fiscal que permita regular la vivienda fuera de ordenación denominada AFO en aras al Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares que la Junta de Andalucía aprobaba en septiembre del pasado año. Un tema que se ha retirado del orden del día de un Pleno, y que se está dilatando en una negociación tensa y compleja, pero que está consiguiendo acercar posturas entre gobierno y oposición, que pidió su retirada por considerar excesivo imponer un tipo de 4% inicialmente propuesto por el PSOE. Este 4% se denomina PEM y se aplicaría al presupuesto total de ejecución de materiales de la vivienda, por lo que rebasaría el coste actual impositivo, ya que el impuesto de construcciones ICIO, es del 2,9% , al que hay que añadir el 1% de tasa administrativa, resultando un 3,9%.

Sobre la mesa se han puesto los distintos escenarios y casos de los ciudadanos, que aun habiendo construido en suelos irregulares, ya han pagado sanciones por ello, en algunos casos de más de 3.000 euros. La negociación actual contempla una bajada significativa que vendrá a situar en torno a un 2% el tipo impositivo sobre el presupuesto de ejecución de materiales PEM, y que se aplicaría de manera distinta para según qué edificaciones, dependiendo del volumen de obra realizada, y del valor de la obra ejecutada, estableciendo tantos por ciento impositivos distintos, que podrían partir con la aplicación de una tasa fija de 700 euros fija, a la que se añadiría un tanto por ciento fijo en función de distintas tablas de valores de las edificaciones, para viviendas dependiendo del PEM , tablas que van hasta los 30.000 euros, entre 30.000 y 60.000 euros, y de 60.000 a 100.000 euros, en principio.

La medida en Lucena podrá afectar a cerca de 1.000 viviendas inicialmente , dado el término tan amplio que tiene el número de viviendas construidas en suelo rustico y no regularizado por el Plan General de Ordenación Urbana. Solo en Campo de Aras son más de 300 viviendas, a las que hay que unir zonas como Las Vegas, Los Poleares, la Torca, La Camia, Las Navas, Jauja, Los Arroyuelos y un amplio etc.. , donde se pone de manifiesto este tipo de edificaciones que en un gran número de casos carecen de servicio alguno de suministros de agua o iluminación, aunque están contribuyendo con el pago del IBI, y donde se cometen agravios comparativos entre unas zonas y otras, ya que muchas de ellas en igual situación de ilegalidad sí que tienen concedidos servicios de agua e iluminación públicas, dependiendo del gobierno de turno y de la sensibilidad hacia los vecinos de unas u otras zonas.

Con la aprobación esta necesaria Ordenanza o tasa reguladora, los propietarios podrán acogerse al decreto que da cobertura de la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), lo que abre nuevas oportunidades, e introduce la posibilidad de realizar planes especiales. El AFO no legaliza, pero permite la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad y el acceso a los servicios básicos.