La apertura de diligencias por parte del magistrado José Luis Rodríguez Laínz para investigar el posible amaño de las últimas oposiciones a bombero del Consorcio Provincial ha vuelto a colocar bajo el foco a este organismo provincial, después de sus problemas con la Seguridad Social y la deuda. La imputación de la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo; la del gerente, Juan Carandell, y una quincena más de personas (entre aspirantes y miembros del tribunal) por una presunta filtración de preguntas, ha puesto en duda un proceso que se puso en marcha por la actual Corporación, precisamente, para subsanar una carencia arrastrada desde hacía años y demandada por los sindicatos y los propios trabajadores.
Los interinos
La convocatoria venía a cubrir 54 plazas de bombero conductor y tenía como segundo objetivo abrir la puerta a la colocación definitiva al grueso número de bomberos interinos que venían prestando sus servicios en los distintos parques de la provincia. Por ello, se pactó con los sindicatos convocar un concurso oposición y no una oposición libre, para que en la parte de concurso se contabilizaran los méritos (tiempo de trabajo, cursos y demás). Según ha podido saber este periódico, aunque los sindicatos querían que el concurso pesara un 40% sobre el resultado final, el acuerdo definitivo lo dejó en un 30%. El 70% restante correspondía a la oposición.
La primera prueba
El concurso oposición se componía de cuatro partes distintas. La primera era la teórica, basada en un bloque de temas comunes de Derecho, Administración, Constitución, etcétera, y otro de temas específicos basados en el manual de la ciudad de Guadalajara (se proporcionaba una dirección de correo electrónico con las respuestas), algo que se recoge en las bases del concurso. Este examen estaba compuesto por 90 preguntas, que, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la organización de las oposiciones, fueron aportadas por todos los miembros del tribunal, hasta un total de 180, de las que las 90 finales «fueron elegidas 16 horas antes del inicio de las pruebas y custodiadas (grabadas en un pendrive) hasta su impresión en el momento del examen». En el auto del juez se señala que la primera estrategia para amañar las pruebas era «diseñar un temario en connivencia con el colectivo interino» y después «se ofreció a los bomberos interinos la posibilidad de asistir a clases en La Carlota» y también en Priego. Y se añade que «tras la aprobación de la oferta de empleo [...] se fueron filtrando preguntas e incluso respuestas correctas que eran canalizadas a los aspirantes interinos».
La segunda
La segunda parte consistió en las pruebas físicas, que fueron diseñadas desde el propio Consorcio, acordes con las exigencias de la profesión a desempeñar, explican las mismas fuentes. Sin embargo, algunos opositores han señalado a este periódico que fueron «muy estrictas» y que «una semana antes el tribunal sacó una nota diciendo que no era necesario llegar a cinco en todas las pruebas para superar la fase». Se quejan también de que unas pruebas se midieron con célula fotoeléctrica y otras, con cronómetro digital. Otra fuente consultada señala que para el control de estas pruebas se contrató el servicio de cronometradores oficiales de la Federación Cordobesa de Atletismo.
El psicotécnico
La tercera parte del ejercicio fue la psicotécnica, compuesta por dos bloques: el test y la entrevista. Esta prueba, apuntan ambas fuentes, fue la principal «criba», pues fueron ya muchos los aspirantes eliminados, algunos directamente en el test y otros, tras realizar la entrevista. Este examen fue (igual que el primero) enviado a una empresa externa para que lo corrigiera, y se quejan los afectados de que «fue escaneado antes de enviarse», algo que según las otras fuentes se hizo «por seguridad» y para poder tener todas las partes del mismo juntas, al estar los resultados en varias páginas.
El supuesto y la conducción
La última parte fue la más controvertida, pues consistía en los supuestos prácticos. También aquí hay aspirantes que denuncian filtración de las preguntas e incluso haber pactado una señal con los examinadores para ser reconocidos (tocarse la oreja, como ya señaló este periódico), aunque otras fuentes indican que para este tipo de prueba había poco margen de elección, porque son muy pocos los modelos de supuestos existentes y cualquiera de ellos podría ser de conocimiento de los aspirantes. Entre ellos figuran los citados por los denunciantes, denominados ERA y Bodyguard. Fue en esta prueba cuando los aspirantes tuvieron que estar 25 horas recluidos en unas instalaciones, hasta que todos ellos terminaron, algo que fue muy criticado por algunos sindicatos y que desde la Diputación se aseguró que se había avisado a los aspirantes y que se hizo para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, estos se quejaron de que no estaba en las mismas condiciones un aspirante que hiciera la prueba al principio que al final.
Los sindicatos y el alcalde
Asimismo, los denunciantes aseguran que a los interinos, antes de las pruebas, se les recomendó que votaran en las elecciones sindicales a UGT porque podría también ayudar a conseguir sus objetivos y facilitar «información reservada» sobre las pruebas, lo que ha desmentido el sindicato. También se acusa al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, de presionar para facilitar el acceso a conocidos suyos tanto a los cursos que se impartieron en su pueblo como en las pruebas finales.
Desde la Diputación, el presidente, Antonio Ruiz, ha mostrado esta semana su confianza plena tanto en la vicepresidenta como en el gerente y ha negado todas las acusaciones. Por su parte, el PP asegura que pedirá explicaciones y, si procede, se personará en la causa, además de pedir una comisión de investigación. El socio de gobierno, IU, ha indicado desconocer el auto, pero añade que «de ser cierto es un asunto muy grave» y pediría explicaciones, Los demás grupos no se han pronunciado. A partir del día 17 los imputados dispondrán de todo el sumario, que se ha elaborado, según algunas fuentes, tras varios meses de investigación policial y judicial y un secreto de sumario.
