El Gobierno central aportará este año al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) un total de 24,89 millones de euros, según informó ayer la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, quien indicó que esta cifra supone una subida del 5,2% respecto a la cantidad aprobada el año pasado, lo que supone 1,2 millones de euros más de aumento de la dotación económica, un incremento que se espera aplicar de forma lineal.
Valenzuela dio a conocer estos datos tras la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa, en la que también estuvieron presentes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo; el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Antonio Bracero, y Maximiano Izquierdo, en representación de la Diputación de Córdoba.
De estos 24,89 millones, indicó Valenzuela, 19.615.685,73 euros se destinan a garantía de rentas y 5.280.475,88 euros a empleo estable. Por su parte, la Junta de Andalucía aportará 8,4 millones de euros en concepto de subvención de materiales, mientras que la Diputación financiará 2,8 millones de euros por el mismo concepto. En cuanto a las previsiones, se estima que el PFEA del 2019 produzca un total de 17.258 contratos y genere 287.509 jornales.
La comisión acordó, asimismo, abrir el plazo de presentación de proyectos por parte de los ayuntamientos a lo largo del mes de abril, para lo cual contarán con un total de 20 días hábiles desde su publicación.
La subdelegada del Gobierno señaló al término de la reunión que el PFEA, antiguo PER, «se nos revela como un instrumento muy útil para que nuestra población siga fijada al territorio y para que la calidad de nuestros pueblos siga adelante», porque ahora, añadió Valenzuela, en las poblaciones de tipo medio se vive con los mismos servicios públicos que en cualquier otro lugar. «Esto debe seguir así porque esto es riqueza y porque es la manera de combatir el cambio climático, porque si no los pueblos se desertizan».
Otro de los aspectos señalado por Valenzuela es que se ha intentado adelantar este año el proceso para presentar las solicitudes con la intención de que no se vea afectado por el proceso electoral.
Por su parte, Maximiano Izquierdo indicó que está demostrado que es un programa que ha funcionado desde su puesta en marcha y ha contribuido a que el medio rural andaluz se haya despoblado menos que otros y se hayan podido mejorar considerablemente las infraestructuras. Destacó Izquierdo la disposición a la colaboración de las tres instituciones y sus técnicos para desarrollar el plan adecuadamente.
Por su parte, Antonio Repullo, delegado de la Junta, dijo que este plan «es un ejemplo de colaboración entre las administraciones que tanto queremos que esta provincia se desarrolle económicamente, así como el bienestar de sus ciudadanos. Además, es un ejemplo tanto en la forma de ejecutarlo como en la financiación», pues además de lo aportado por el Gobierno central, se cuenta con la aportación de Junta y Diputación, que pagan los materiales a razón de un 75% y 25%, respectivamente.
Por su parte, el sindicato UGT ha indicado que el incremento de la cantidad para este año «es positivo, ya que compensa en parte la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores agrarios han padecido durante los años de la crisis, donde los fondos han estado prácticamente congelados». UGT, no obstante, reclama que se «se mejoren los criterios de selección del personal que se contrata, ya que la prioridad debe ser para quienes tienen más difícil el acceso al mercado laboral».
