La familia de la víctima del crimen de la Chica Carlota ha pedido al juez que se desencripten los teléfonos móviles que obraban en poder de los sospechosos del asesinato de J.C.R.B., de 44 años, cuyo cadáver fue hallado enterrado en su propio huerto en agosto del 2018, un año después de que se denunciara su desaparición.

La familia ha enviado una providencia al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Posadas que investiga los hechos para que una empresa especializada lleve a cabo el desencriptado de los móviles y de 447 comunicaciones correspondientes a los meses de agosto a noviembre del 2017 que se registraron entre los sospechosos de este crimen que conmocionó a la pequeña localidad cordobesa. Fuentes de la familia señalan que ellos mismos estarían dispuestos a sufragar el desbloqueo de los teléfonos recurriendo a una empresa israelí Cellebrite DI, que hacen este tipo de trabajos y que ha participado ya en el esclarecimiento de otros casos como el asesinato de Diana Quer, donde fue crucial el desencripdo de un móvil.

Por este caso, el juez dictó prisión preventiva en junio del 2018 contra P.G., el presunto autor material de los hechos, un hombre que se hacía pasar por sacerdote y que se ganó la confianza del finado, que padecía una enfermedad mental, para robarle y estafarle. Además, se investiga a J.R., que fue abogado de la víctima y del detenido y tiene antecedentes policiales por delitos relacionados con estafa y falsedad documental. Este abogado de Madrid habría enviado presuntamente a P.G. a la Chica Carlota para ganarse la confianza de la víctima y poder estafarlo. Este segundo investigado, que podría haber repetido esta fórmula de estafa en más ocasiones, está en libertad con cargos.

Por otro lado, el juez ha llamado a audiencia a las partes, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, que han sido convocadas en la revisión de la prórroga de la prisión el próximo día 15 de junio. El preso, en prisión provisional, asistirá por videoconferencia. De hecho, la audiencia se convoca debido a que el 26 de junio de 2018 se decretó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza de P.G., por lo que está próximo el vencimiento de la duración de la prisión provisional para delitos como presunto homicidio y asesinato y otros, como estafa y usurpación del estado civil. Cabe recordar que la prisión provisional no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años; o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años.

En la audiencia se acordará si procede mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años dado que debido a la complejidad de la instrucción no puede ser finalizada la misma ni juzgada la causa en el plazo de dos años previsto en la ley.