La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor de la familia Pavón, propietaria de la antigua nave de Galisteo, que en abril del 2017 presentó un recurso contra el procedimiento llevado para su expropiación y presentado contra la comisión provincial de valoración y el Ayuntamiento de Cabra, al no estar conforme con la forma en la que este procedimiento se había cursado y por el que se había fijado el precio del inmueble en 205.009,07 euros.

Ahora el TSJA deja sin efecto aquel fallo, obligando al Ayuntamiento al abono de un justiprecio de 409.216,74 euros, más el premio de afección del 5% e intereses legales en los términos solicitados en la demanda, a lo que se habrá de sumar 1.000 euros de las costas procesales, siendo la sentencia recurrible ante el Tribunal Supremo.

En el fallo a favor de los propietarios se explicita que la composición de la comisión de valoración fue irregular, ya que el delegado municipal de Obras y Servicios, Juan Ramón Pérez (PP), participó con voz y voto, de forma contraria a lo dispuesto en la normativa, en la que se indica que el Ayuntamiento tenía que estar representado por un técnico en la materia.

El procedimiento para la expropiación del inmueble se inició tras una encomienda de gestión realizada por el Consistorio para que dicha comisión y el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación fijasen un justiprecio al no haberse llegado a un acuerdo por parte de sus propietarios con el Ayuntamiento tras dos décadas de conversaciones para permitir con su adquisición la apertura de un nuevo vial público, el denominado A-1, desde el parque Alcántara Romero hasta la estación de autobuses.

El alcalde, Fernando Priego, en una comparecencia ante los medios, indicó ayer que se abonará lo que ha dictaminado el TSJA, tras recordar que el recurso presentado por los propietarios del inmueble es un derecho que les asiste.

Priego, que señalaba que la encomienda de gestión fue una decisión aprobada unánimemente por todos los grupos municipales en septiembre del 2015, subrayó que «en ningún momento actuamos con mala fe» en el proceso, en relación a la participación del delegado municipal de Obras y Servicios como representante municipal en el órgano que dictaminó el justiprecio explicando que «la propia justicia dice que poco efecto podía tener esa presencia en el recurso», ya que en el fallo del TSJA «solo se debate el precio del inmueble y no otras cuestiones». Priego añadió que «siempre actuamos conforme nos informaba la Secretaría general del Ayuntamiento».

Por último, Priego valoró positivamente el proyecto del nuevo vial A-10, que calificó «de interés general para la ciudad», ya que a la mayor brevedad posible aliviará y hará menos denso el tráfico del casco urbano.