Los juzgados número 5 y número 1 de lo contencioso administrativo de Córdoba han condenado al Ayuntamiento de Fuente Palmera a devolver cerca de 62.000 euros a dos empresarios que hace diez años adelantaron el 50% del importe de varias parcelas del polígono Los Fruteros, asunto que se investiga por la vía penal en los juzgados de Posadas por la presunta irregularidad en la venta de los terrenos realizada en el año 2003 por el Consistorio colono.

Según un informe del interventor municipal de diciembre del 2011, estos dos empresarios hicieron ingresos de 20.232 euros y 4.350 euros, respectivamente, aunque en la carta de pago del segundo se consignó un importe de 20.657, compensándose la diferencia con facturas debidas al particular derivadas de trabajos realizados al Ayuntamiento en ejercicios anteriores. Tras el fallo del juzgado, a estas cantidades hay que añadir 18.000 euros de intereses y 4.000 de costas, lo que suma un total de 62.000 euros.

El alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández (PSOE), ha asegurado que "vamos a devolver este dinero, pero para ello tenemos que hacer una modificación presupuestaria que tiene que ser aprobada por el Pleno, porque se espera que caigan más sentencias similares a estas". De hecho, se presentaron 16 reclamaciones sobre este procedimiento.

Desde el despacho jurídico que representa a los afectados, el letrado Marco A. Peña ha manifestado que "si el Ayuntamiento no cumple con las sentencias en tiempo y forma solicitaremos al juzgado la ejecución de las mismas, aunque no descartamos que pueda llegarse a un acuerdo previo entre las partes". Peña añadió que "si llegan al mismo término todos los casos de los afectados que suscribieron los contratos de compraventa de parcelas, de los cuales aquí llevamos a ocho, el Consistorio tendría que abonar, a fecha de hoy, y solo en intereses, cerca de 229.000 euros".

Por último, la Comisión de Urbanismo, reunida de urgencia esta semana a petición de Izquierda Unida para abordar este tema, entre otros, acordó entregar una relación de los procedimientos urbanísticos abiertos a cada uno de los portavoces municipales, informar de las sentencias firmes que lleguen al Ayuntamiento y reunirse con carácter trimestral.