La diputada de IU en el Congreso Eva García Sempere ha registrado una pregunta al Gobierno central en relación a la «discriminación laboral» que lleva a cabo la empresa Aceites y Energía Santamaría SL, de Lucena, al no pagar los atrasos de la actualización salarial a sus trabajadoras mientras sí lo ha hecho con sus trabajadores, una noticia que ha generado una fuerte polémica a nivel nacional y sobre la que se han pronunciado diversas entidades e instituciones.

La pregunta recoge la denuncia presentada por CCOO, que acusa a esta empresa de «discriminación por razón de género al no abonar a sus trabajadoras los atrasos devenidos de la firma del convenio de industrias del aceite de la provincia de Córdoba, firmado a finales del año 2017 que establece para ese año un incremento salarial a cobrar con efecto retroactivo, mientras que los trabajadores hombres sí los han recibido», informa Efe.

CCOO explica que la empresa argumenta que en el convenio se habla de trabajadores pero no de trabajadoras, lo que la secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, considera «un claro ejemplo de discriminación por razón de sexo». Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, calificaron al dueño de la empresa de «sinvergüenza» por esgrimir una razón «absurda», y Álvarez llegó a pedir ayer a la Fiscalía que actué de oficio.

Por su parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, señaló que, «si es como exactamente se está diciendo, no tengo nada más que palabras de repulsa», aunque, «como no conozco toda la información, no me puedo pronunciar mucho más allá», dijo. Desde la Junta, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, también calificó el asunto como «absolutamente vergonzoso». En el mismo sentido se pronunció la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Ana Díaz, quien manifestó su «confianza en que la aceitera solucione el problema o será denunciada por sexismo», dijo.

También mostraron su repulsa por estos hechos la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que afirmó que «toda la vida hemos tenido que aguantar que en el masculino estuviéramos incluidas las mujeres, pero ahora además se intenta aprovechar de una manera terrible para discriminar», una conducta que «debería incluirse incluso como delito de odio». Hasta la Real Academia Española terció en esta polémica y en Twitter afirmó que «en español, como en muchas otras lenguas, el género facultado para referirse a colectivos mixtos es el masculino, que es el término no marcado de la oposición de género».

La empresa, por su parte, dijo desconocer la denuncia de CCOO y aseguró que «jamás ha habido animo de incurrir en ningún tipo de discriminación», al tiempo que anunció que se ha concretado una reunión con los sindicatos para «analizar la situación y, en caso de ser necesario, buscar las soluciones pertinentes».