La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida ayer en la sede del Consejo Insular de Ibiza, acordó solicitar al Gobierno central que flexibilice el techo de gasto de las administraciones locales y las liquidaciones de los superávit de los remanentes se puedan dedicar a inversiones en los municipios en lugar de destinarlos a la cancelación de deuda. En el encuentro participó el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, junto a sus homólogos del resto de España y ha solicitado al Gobierno que «esos recursos estén a disposición de los ayuntamientos para poder invertirlos, que no tengan que estar dedicados por ley a cancelar más deuda anticipadamente o, incluso, en los ayuntamientos donde no hay deuda, que tengan que depositarse en los bancos sin poder invertir en la mejora de la calidad de vida y el empleo de los municipios».

En rueda de prensa, el vicepresidente de la FEMP, Javier Iglesias, que también es presidente de la Diputación de Salamanca, afirmó que las administraciones locales han sido «responsables» y «proactivas» en la estabilidad presupuestaria del conjunto de las cuentas públicas españolas. «Nadie nos puede reprochar a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos la responsabilidad colectiva que hemos tenido en esta situación de crisis económica y que hemos conseguido gracias a la implicación de todos», señaló Iglesias.

La FEMP considera que ahora, cuando la situación económica está cambiando para bien, es el momento de tomar otras líneas para que las administraciones con situaciones estables, o incluso con deuda cero, puedan «hacer una utilización adecuada de ese superávit», dijo el vicepresidente de la entidad. En la misma línea se pronunció Antonio Ruiz, que considera que «los ayuntamientos han hecho sus deberes, tienen sus planes de saneamiento, a los que se ajustan, y están cumpliendo con los objetivos de estabilidad y morosidad; por ello, queremos tener la libertad de utilizar este ahorro en inversión en los propios municipios». «No se puede admitir -añadió- que haya ayuntamientos que no tienen deuda con entidades financieras y que tengan que tener su superávit guardado en los bancos a plazo fijo sin poder invertirlo en el bienestar de sus vecinos y vecinas».

PRESUPUESTOS // De igual modo, y teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017, la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP acordó solicitar al Gobierno que el gasto ejecutado en el ejercicio 2018 no tenga que ser necesariamente comprometido en el 2017, sino que pueda comprometerse tanto en un año como en otro.

Por otro lado, durante la reunión también se decidió impulsar un banco de experiencias y buenas prácticas de las administraciones, cabildos y consejos insulares para que las administraciones «compartan e intercambien» sus iniciativas.

Asimismo, la Comisión dio el visto bueno a realizar el Congreso de Despoblación 2017 en Huesca los próximos 22 y 23 de junio, donde se tratarán propuestas para los territorios que sufren este problema.