La Diputación de Córdoba ha dado quince días de plazo a la Fundación Guadalquivir Futuro para que justifique la ayuda que recibió en el 2016 del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y si no puede que se inicie el expediente de reintegro de la cantidad, que era de 40.000 euros. Esta información fue anunciada ayer en el pleno ordinario de febrero por la portavoz socialista, Ana Carrillo.
La Corporación envió el pasado lunes, 19 de febrero, al Boletín Oficial del Estado (BOE) un anuncio con un requerimiento para que la Fundación Guadalquivir Futuro justifique que la ayuda la ha utilizado en lo acordado, un proyecto educativo para el distrito sur de la ciudad de Córdoba. Está previsto que el anuncio se publique el próximo 24 de febrero y, a partir de ese día, la fundación tiene 15 días para dar explicaciones.
Ana Carrillo explicó este procedimiento en el pleno, a consecuencia del debate que se produjo por una moción, presentada por el PP, para que la Diputación excluya de sus subvenciones a todas las organizaciones y colectivos sobre los que recaiga una sanción administrativa o una sentencia judicial por la mala gestión de fondos públicos. La Fundación Guadalquivir Futuro tiene una sanción de la Junta de Andalucía por supuesto uso fraudulento de fondos públicos y además se encuentra inmersa en un procedimiento judicial. La moción fue aprobada con el apoyo de todos los grupos.
Precisamente, fue esta moción la que provocó el enfrentamiento entre el portavoz popular, Andrés Lorite, y la socialista Ana Carrillo, por considerar esta última que las palabras de Lorite «manchaban» la institución provincial y además ponían «en tela de juicio el trabajo de los técnicos de la casa».
Lorite apuntó en el debate que se había concedido la ayuda a la Fundación Guadalquivir Futuro antes incluso de haberla solicitado, que la subvención es la más alta concedida por la Diputación y que todavía no se había iniciado el expediente de reintegro cuando la fundación no ha dado explicaciones.
Por su parte, Ana Carrillo aseguró que «la ciudadanía puede tener total confianza de que la subvención es legal», que el procedimiento seguido para conceder esa ayuda «es el normal» y que todo «está avalado por el informe del gerente» del Instituto Provincial de Bienestar Social.
La portavoz socialista recordó que en el Pleno ordinario de abril del 2016 de la Diputación, todos los grupos aprobaron la concesión de esa ayuda a la Fundación Guadalquivir Futuro.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que presidió el pleno, aseguró que «siempre hemos actuado según el criterio de los técnicos y conforme a la ley. Mientras que usted -refiriéndose a Lorite- lo ha adornado todo con falsedades. Intente dejar de atacar la dignidad del gobierno con falsedades».
Andrés Lorite, por su parte, dijo sentirse «muy satisfecho» por el voto a favor del PSOE a su moción,
Por otra parte, la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, dijo ayer que ella no es «parte de la causa» abierta en un juzgado de Córdoba a la Fundación Guadalquivir Futuro. «Yo no soy parte de ese proceso judicial», reiteró Aguilar, quien manifestó que es «profundamente respetuosa» con la justicia y abogó por «esperar a que se produzca toda la tramitación judicial y termine todo» antes de iniciar nada.
