La ocupación ilegal de viviendas en Lucena está planteando graves problemas de convivencia en diferentes puntos de ciudad, agravándose últimamente en la calle Mediabarba, donde los okupas se han hecho con un bloque de viviendas y una casa contigua.
La presencia policial es prácticamente diaria, y esta misma semana varias unidades de policía se tuvieron que desplazar hasta el lugar alertados por la tensión que se vivía. Los edificios ocupados pertenecen uno de ellos a un particular, mientras que el bloque es de una entidad bancaria. En él, un propietario afectado por una cardiopatía se ha visto obligado a abandonar su vivienda y tapiarla para evitar su ocupación.
El alcalde, Juan Pérez, ha señalado su «interés por subsanar este problema sobre una situación complicada por carecerse de denuncias, al tratarse de viviendas de entidades financieras». Apuntaba que se están manteniendo reuniones conjuntas entre los inspectores jefes de Policía Nacional y Policía Local con la Federación de Asociaciones de Vecinos para buscar soluciones y pedir la colaboración ciudadana. Pérez apuntaba que «la coordinación es absoluta» en ese sentido.
Mientras tanto, el problema okupa mantiene en vilo a los vecinos de esta zona cercana al centro de la ciudad, que afecta no solo a la calle Mediabarba, sino al conjunto del entorno de la barriada Virgen de Araceli y aledaños. Los vecinos mantienen que son constantes la peleas en la calle, la inseguridad, las trifulcas y la suciedad del entorno, que les están provocando desesperación en muchos casos al no encontrar un respaldo legal que lleve al desalojo de estas viviendas.
Se trata de un problema que está teniendo efecto llamada y está afectando a muchas zonas de la ciudad, como se ponía de manifiesto por parte de los vecinos de la calle Pedro Izquierdo de Lucena, que denunciaban inseguridad y desamparo ante el clima que se vive en esta calle también céntrica donde un edifico nuevo de 13 viviendas lleva años tomado por okupas, como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Un edificio que fue construido y vendido en su totalidad, con entregas a cuenta al constructor y promotor de una conocida empresa lucentina, el cual, según afectados, recibió de parte de los distintos interesados una cantidad importante de dinero, en algunos casos hasta 30.000 euros. Como consecuencia de la crisis del ladrillo, ajenos a lo sucedido, una entidad bancaria se hizo con el inmueble como dación en pago.
Son numerosos los edificios ocupados, hasta el punto de que la vivienda del Ayuntamiento destinada a mujeres víctimas de violencia también se encuentra ocupada ilegalmente.
