El coronavirus avanza y retorna a las residencias. En esta segunda ola, y hasta hace dos semanas, Córdoba y Huelva eran las únicas provincias andaluzas sin contagios entre residentes. Córdoba sí tenía cinco casos en trabajadores, uno en la capital (Fepamic) y cuatro en La Rambla (Virgen de los Remedios). Sin embargo, el covid ha empezado a afectar a los residentes y Luque es el primer ejemplo con 24 afectados entre 18 ingresados -dos hospitalizados- y 6 trabajadores. Hasta ahora Salud no ha notificado fallecimientos. Durante la primera ola, y según el IECA, hubo 70 fallecidos y varias residencias muy afectadas.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Los últimos datos oficiales son de un informe de Salud del 1 de septiembre (publicados en el BOJA el día 4), por lo que después ha podido haber más casos y no figurar. El informe muestra 16 centros de 14 municipios con 23 casos (21, de empleados). Hay que tener en cuenta que hay trabajadores que quedaron aislados antes de incorporarse a sus puestos tras las vacaciones al dar positivo en los test PCR, por lo que no llegaron a tener contacto con residentes. También hay centros del listado que han tenido trabajadores que dieron positivo y que después, en otra PCR, han dado negativo (por ejemplo, de La Rambla). Ese informe oficial recoge como centros que han tenido positivos entre sus trabajadores Almodóvar (El Mirador, 1), Baena (Hogar San Francisco, 1; La Casa Grande, 2; e Ilunion, 1), Belalcázar (Nuestra Señora de Gracia de la Alcantarilla, 2), Benamejí (Santa Teresa de Jesús, 1), Carcabuey (Virgen del Castillo, 1), Castro (Jesús Nazareno, 1), Córdoba (Fepamic, 2); Fuente Obejuna (Los Ángeles, 1), Lucena (Nueva Aurora, 1), Montoro (Jesús Nazareno, 1), Priego (Albasur, 1), La Rambla (Cristo de los Remedios, 4) y El Viso (Nuestra Señora del Carmen, 1).

Desfase de datos

En el informe aparece Luque con solo dos casos entre residentes, lo que da idea del desfase de datos existente. Otras cifras oficiales, las del IECA, reflejan, a 4 de septiembre, que de los 334 casos detectados desde el principio de la pandemia por PCR (de 390 totales) entre residentes, 15 son de los últimos 14 días. En otras instituciones (centros de discapacitados o albergues para sin hogar) plasma 35 en total (31 con PCR) y 3 confirmados en los últimos 14 días.

El presidente de la patronal Lares Andalucía, Fernando Acosta, que aglutina 21 centros, opina que, a pesar de que los casos van en aumento (le constan los residentes positivos de Luque más 10 trabajadores de varios centros, con posibilidad de llegar a 22), la situación «es buena» en comparación con otras provincias, donde es «preocupante». Acosta piensa que Córdoba «mantiene unos datos aceptables de contagios», por lo que hay «calma tensa, lo que no quita que haya preocupación».

Impotencia

Los colectivos que viven el día a día de las residencias no ocultan su impotencia. «Estamos a punto de tirar la toalla», confiesa Antonia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancia Diurna, Residencias y Servicios para la Dependencia, que aglutina 20 centros. «Más allá de los protocolos de prevención, no podemos hacer nada», lamenta. Gutiérrez explica las dificultades de controlar la situación cuando «las visitas están abiertas», lo que considera «una temeridad», y «los trabajadores entran y salen, porque tienen vida». Recuerda que solo pueden blindarse a las visitas los centros con casos o con autorización de restricción. En este sentido, señala que en agosto hubo denuncias por cierres, «que no se pueden hacer si no es por orden de la Junta». Aunque esta semana se ha publicado una nueva orden, asegura que no introduce novedades y que la «administración no está haciendo nada».

La plataforma para la Defensa de los Derechos de los Mayores y la Demencia, presidida por María José Vázquez, sí cree que la nueva orden introduce matices que hacen que no sea «tan fácil pedir de forma unilateral la suspensión de visitas y paseos», sino que tiene que estar «muy justificada». Vázquez censura que haya centros en los que las visitas se hayan limitado a 30 o 20 minutos cuando el tiempo estipulado es una hora. La plataforma ha dirigido un escrito a la Junta mostrando su preocupación por la manera en la que se están desarrollando las visitas, «con las familias en la vía pública, viendo a los mayores por una verja o ventana», por lo que exige que se habiliten espacios para «visitas seguras y dignas», en los que se garantice la privacidad. La plataforma quiere que la Junta haga seguimiento del plan de humanización, así como que ponga un teléfono de atención a las familias.