El Consistorio prieguense iniciará en los próximos días el procedimiento para sacar de nuevo a licitación la gestión de la piscina municipal y las instalaciones deportivas anexas a la misma, toda vez que la solvencia económica de la empresa que desde enero de 2012 gestiona dicha infraestructura deportiva se encuentra en entredicho.

Así se puso de manifiesto en el transcurso de la última sesión plenaria del pasado ejercicio, en la que a tenor del debate de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por el servicio de la piscina y otras instalaciones deportivas municipales, los portavoces de PA y PSOE sacaron a relucir la delicada situación que atraviesa el complejo deportivo, con retrasos de hasta tres meses en el pago de las nóminas a los trabajadores y una notoria falta de mantenimiento en las instalaciones, principalmente la piscina y los vestuarios, debido a la falta de inversión en este apartado.

De ahí que durante su intervención, la propia alcaldesa prieguense, María Luisa Ceballos, reconociera que el impago a los trabajadores "es una situación que no se puede permitir y aún menos en la concesión de una instalación pública", añadiendo que se ha dado orden a la Secretaría a la delegación de Deportes, "para iniciar un procedimiento y sacar de nuevo a licitación la gestión de la piscina".

Para ello, según indicó Ceballos, se ha encargado al director de la instalación y al propio coordinador del Servicio Municipal de Deportes, la realización de un estudio de costes, "lo más certero posible, de manera que pueda sacarse un pliego que se adecúe al coste real del funcionamiento", ya que como recordaba, la oferta que en su día presentó la empresa que actualmente gestiona las instalaciones, "fue muy optimista".

Por otra parte, la alcaldesa anunció que la intención del equipo de gobierno es que las instalaciones no se cierren durante el proceso de adjudicación, aproximadamente unos cinco meses de no surgir ningún contratiempo, añadiendo igualmente que en el pliego de condiciones se incluirá una cláusula, dentro de lo que permite la legislación vigente, para que los actuales trabajadores del complejo deportivo no pierdan su empleo al producirse un cambio en la gestión de las instalaciones.