El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena ha celebrado ya los juicios por delitos leves o juicios inmediatos por delitos leves relacionados con defraudaciones en la red de agua.Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ascienden a treinta los investigados que tienen sentencia en la actualidad. Han sido un total de 45 propietarios de instalaciones agroganaderas, residencias en el campo o pequeñas explotaciones los que fueron expedientados tras la investigación que ha realizado a lo largo de siete meses la Guardia Civil del puesto de Baena, que encontró conexiones ilegales que permitían a sus propietarios sustraer y defraudar a la empresa local del agua de Baena y Albendín, Aqualia, una enorme cantidad de suministro. Así, quedan 15 pendientes de sentencia, cuyos juicios se celebraron en febrero.

Según las sentencias, muy parecidas, a las que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, han sido condenados como responsables en concepto de autor de un delito leve de defraudación de agua a la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de cuatro euros, así como al pago de las costas. Como concepto de responsabilidad civil deberán indenmizar a la empresa Aqualia con 4.990,85 euros. En ambos casos reconocen en el interrogatorio que carecen de contador y «queda probado» que la persona denunciada «se ha valido de un mecanismo instalado, un latiguillo, para realizar la defraudación». Según los hechos probados en las sentencias citadas se relata cómo el 10 de julio, en un caso a las 9.20 horas y otro a las 12.20, el jefe de servicio de inspección de Aqualia se personó junto con agentes de la Guardia Civil en los domicilios para realizar una revisión de la instalación de agua potable y se comprobó en el cuadro preparado para el contador «la existencia de un latiguillo, no disponiendo de un contrato y de contador».

Cuando el 1 de marzo se presentó la operación realizada por la Guardia Civil, se estimó en casi unos 74.000 metros cúbicos anuales el agua sustraía, con un coste, a valorar aparte daños en la red y derivados del perjuicio a toda la población, de unos 225.000 euros.