Alfonso Rojano, uno de los concejales que ha firmado la moción de censura en Baena, ha presentado un escrito al Pleno de la Corporación en el que informa que "sigue siendo" militante de Iporba y que "no está expulsado definitivamente" del mismo. Añade que el día 16 de este mes se le notificó la propuesta de resolución para la expulsión y "la misma ha sido recurrida". Manifiesta que "para defender mi honor y mis derechos interpondré todas las acciones legales que en derecho me amparen".
Rojano insiste en que los grupos municipales son quienes tienen la competencia para relacionarse con la institución, por lo que "hasta que no se acuerde otra cuestión diferente en el seno del grupo municipal de Iporba o exista resolución judicial", sigue siendo portavoz del mismo.
En las alegaciones que ha presentado tras comunicarle la expulsión del partido, destaca que ha pedido la nulidad de los acuerdos adoptados por Iporba el 6 de octubre, ya que tras conocer la convocatoria del comité ejecutivo, así como la asamblea, acudió a un notario para efectuar un requerimiento formalizando la impugnación de la convocatoria. Días después le fue notificada la suspensión temporal, unos acuerdos que considera que "nulos de pleno derecho" porque se han adoptado prescindiendo del procedimiento establecido. Para ello, adjunta los estatutos de Iporba. Añade que supone una vulneración del artículo 24 de la Constitución, tal y como jurisprudencialmente tiene establecido el Tribunal Supremo.
