Cinco jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que habían sido desalojados el pasado viernes por la Guardia Civil -junto a otros tres compañeros-, de la finca Somonte (Palma del Río) y acusados presuntamente de un delito de usurpación, fueron absueltos ayer tras la celebración de un juicio rápido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas. De los ocho trabajadores llamados a declarar, sólo lo hicieron cinco porque el resto ya estaban encausados por procesos anteriores similares y no estaban obligados a hacerlo de nuevo, entre ellos, el secretario general del SAT, Óscar Reina, que además se declaró insumiso judicial y no ha venido a ninguno de los juicios que le han citado.

Poco antes de las once de la mañana, unos sesenta militantes y simpatizantes de la organización sindical se concentraron en las inmediaciones de los juzgados de la localidad malena en señal de apoyo a los jornaleros requeridos por el juez.

Mientras se producían las declaraciones, el exportavoz nacional del SAT y actualmente diputado por Unidos Podemos, Diego Cañamero, afirmaba que «Somonte tiene que seguir siendo para el pueblo y es muy importante que la Junta de Andalucía entienda que las tierras públicas tienen que jugar una función social porque en esta comarca hay mucho paro». Por ello, continuó el antiguo líder sindical, «queremos que esta finca pase a manos de los trabajadores, no la queremos para nosotros, sino que sea para el pueblo, para las cooperativas y para las familias en desempleo, reivindicamos que las tierras no se vendan».

Cañamero calificó como «vergonzoso» que «cada vez que ocupamos una finca, que lo que hacemos es trabajarla, mejorarla y hacerla producir, acabemos en el juzgado mientras que otros campan a sus anchas con todo lo que están robando».

A la salida de los jornaleros del Juzgado y tras conocerse su absolución, Óscar Reina valoraba la sentencia como «tremendamente positiva, se nos ha dado la razón y esperamos que esta pequeña victoria que hemos obtenido sirva de precedente y que la buena actitud que han tenido tanto la Fiscalía, como la jueza y las fuerzas del orden, valga de ejemplo para la Junta de Andalucía y que esta tierra, después de cinco años, no sea para especular y sí para dar mano de obra en una región tan deprimida como la andaluza». El dirigente del SAT indicó que «no queremos subvenciones, sino que nuestras manos sirvan para trabajar». A día de hoy, la finca palmeña sigue ocupada con unos 70 jornaleros, que entraron por quinta vez.