El Consistorio prieguense ha hecho público el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de obra para la ejecución del proyecto de consolidación de la torre del homenaje del Castillo de Priego, redactado por los arquitectos Jerónimo Sanz Cabrera y Rafael Sánchez Sánchez.

Una actuación que, como indicó ayer en rueda de prensa la alcaldesa de la localidad, María Luisa Ceballos, ha de iniciarse en el próximo mes de mayo, lo que ha provocado que el Consistorio realice una modificación presupuestaria, "para que conste la aportación del Ayuntamiento en el presente ejercicio, pero sin poder esperar a períodos de publicación del presupuesto".

Como puso de manifiesto ayer Ceballos, el presupuesto de la actuación asciende a 472.342,63 euros, a los que hay que añadir 99.191,95 euros en concepto de IVA, lo que eleva la cuantía a 571.534,58, distribuidos en dos anualidades, correspondiendo a 2016 un total de 528.669,49 euros, y los 42.865,09 euros restantes, a 2017.

La duración estimada de las obras será de nueve meses, de ahí la necesidad de consignar en el presupuesto de la actuación dos anualidades, añadiendo en este sentido la presidenta del Area de Urbanismo, Cristina Casanueva, que al tratarse de un contrato abierto, cualquier empresa, no solo del municipio sino de todo el territorio peninsular, podrá presentarse al proceso de licitación.

En este sentido, Casanueva ponía de manifiesto que al tratarse de un Bien de Interés Cultural, el pliego de cláusulas administrativas particulares, recoge que podrán presentarse al proceso de licitación aquellas empresas del grupo K, subgrupo 7, categoría D o 3, "dedicadas a la restauración de bienes inmuebles histórico-artístico, evitando con ello que empresas que no están acostumbradas a la rehabilitación de monumentos acometan la actuación". Aún así, Casanueva puntualizó que las empresas de la localidad o aquellas otras que carezcan de esta clasificación, "puedan acceder mediante una UTE a la licitación".

En cuanto a los criterios de adjudicación, Casanueva adelantó que se tendrá en cuenta la rebaja en el precio, la ampliación de los plazos de garantía y una memoria constructiva, "ya que nos estamos encontrando que en obras muy grandes, las empresas estudian sólo los plazos y las bajas económicas, pero no entran en el proyecto en sí".

Como novedad, en caso de empate tendrán preferencia las empresas que acrediten tener un número de trabajadores con discapacidad mayor al 2%, celebrándose un sorteo en caso de mantenerse el empate.