El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha exigido medidas contundentes para paliar la «inaceptable»

crisis del olivar en relación con el precio del aceite de oliva, ya que no es razonable lo que está ocurriendo pues, a pesar de la gran cosecha en España, a nivel mundial ha disminuido la producción, ya que el resto de países del arco mediterráneo ha tenido muy bajas cosechas. A ello hay que añadir la falta de lluvias de los últimos meses y las pésimas previsiones para las próximas semanas, que «pueden condicionar de forma notable la próxima cosecha de olivar, tras haber finalizado la recolección de este año».

En este contexto, valora positivamente los acuerdos del pasado Consejo Andaluz del Olivar, pero exige que «se pongan en marcha las medidas necesarias de forma inminente», pues se está llegando a una «situación límite» que obligará a Asaja, «junto al resto del sector, a convocar movilizaciones en defensa de los olivareros. En el consejo, según ha informado Asaja en un comunicado, se analizó el funcionamiento del almacenamiento privado, mecanismo aprobado por la UE para regular el mercado en casos de crisis pero que, «debido a que sus precios de activación están obsoletos (llevan casi veinte años sin actualizarse), no palia la situación tal y como están planteados actualmente, por lo que sería urgente, primero, revisar los precios y, segundo, poder activarlos en caso de grave distorsión del mercado, algo que está estipulado en el apartado b de la normativa y que está justificado debido a la situación actual de precios».

También se acordó trabajar de forma conjunta, las administraciones central y autonómica con los representantes del sector, para frenar la caída de precios y evitar una mayor crisis en el sector, «con las pésimas consecuencias que puede tener, no solo para los olivareros, sino para la economía de todas las zonas productoras». De esta forma, se decidió solicitar la aprobación de la extensión de norma que permita, a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva, poder autorregular el mercado sin que el Tribunal de la Competencia tenga nada que objetar, y pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue el comportamiento del mercado.

Por otro lado, se planteó exigir una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria para que se revisen los precios del aceite y que, en caso de bajada, se refleje también en los lineales donde el consumidor compra el aceite, algo que hasta ahora no está sucediendo.