La Diputación provincial se ha dotado de un mecanismo normativo por medio del cual se pretende mejorar la transparencia y la información para los ciudadanos, gracias al acuerdo unánime alcanzado ayer por todos los grupos que integran el Pleno. El acuerdo consiste en aprobar la denominada ordenanza de transparencia y acceso a la información pública de la Diputación.
La vicepresidenta segunda, Ana María Carrillo, señaló sobre este asunto que es una de las propuestas recogidas en el Plan Impulso, bajo el epígrafe Córdoba participativa, que pretende que todos los ciudadanos de la provincia participen en la Diputación. Explicó que lo que se sometía a aprobación es «un texto normativo que se divide en cinco capítulos, que lo que queremos es el acceso a la información de todos los ciudadanos y la rendición de cuentas». En este sentido, añadió Carrillo, se han mantenido reuniones con todos los grupos y se han ecuchado y atendido sus propuestas. Por su parte, la portavoz de Ganemos, Ángeles Aguilera, reconoció el proceso de diálogo que se ha llevado a cabo antes de la aprobación, que ha posibilitado que se aprobarán 22 de la treintena de enmiendas que su grupo puso sobre la mesa de debate y que vienen a mejorar la accesibilidad por parte de la ciudadanía a la información de la institución pro vincial, en palabras de Aguilera.
Pero además de ese punto, en la sesión plenaria de ayer se debatieron otros 50 puntos, la mayoría de los cuales se aprobaron por unanimidad, pues gran parte de ellos se referían a cuestiones de trámite o modificaciones de crédito o traspaso de recursos de una bianualidad de los Planes Provinciales para acometer los proyectos en el segundo periodo. Este aspecto, según el portavoz del PP, Andrés Lorite, pone de manifiesto la «nula» gestión del equipo de gobierno y el escaso nivel de ejecución, que ha obligado a posponer algunos proyectos. Ana Carrillo replicó a Lorite que durante este mandato el nivel de ejecución presupuestaria de inversiones supera la media de cuando gobernaba el PP. Junto a estos puntos, el Pleno aprobó provisionalmente el plan de apoyo a las mancomunidades, dotado con 200.000 euros. Asimismo, por unanimidad se aprobó el Plan de Reposición y Mejora de Caminos rurales 2017, que en su segunda edición según, explicó el delegado del área, Francisco Ángel Sánchez, tiene una dotación de 1,2 millones de euros.
