Los afectados por las expropiaciones del proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra a su paso por la ciudad decidieron en la tarde de ayer, en una reunión celebrada en la sede de la Unión de Pequeños Agricultores, a la que invitaron a los grupos políticos municipales y a la que sólo acudió el PSOE, contratar los servicios de un despacho jurídico para que en su representación interponga un recurso especial en materia de contratación contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Con esta decisión persiguen, según ponían de manifiesto, evitar la licitación de la obra, que por un importe de 4.601.630,41 euros debe resolverse el próximo 3 de abril, si antes no se atienden sus peticiones, las cuales el alcalde, Fernando Priego (PP), se ha comprometido a hacer llegar a la CHG antes del próximo 23 de marzo, tras otra reunión celebrada con estos en el Consistorio el pasado 15 de marzo, al objeto de poder retomar el tema en una mesa en la que estuvieran presentes los afectados.

Este colectivo, un total de 63 propietarios de parcelas que lindan a uno y otro lado de la ribera del río Cabra a lo largo de los 4,5 kilómetros que discurren por la zona urbana, entiende que se lesionan sus derechos aduciendo que en ningún momento se les ha tenido presentes en ningún tipo de reunión para conocer su opinión, y que no llegaron a conocer el proyecto en su integridad hasta los primeros días del mes de diciembre del pasado año. También se quejan de que la CHG no ha dado respuesta a ninguna de las 27 alegaciones que presentaron, si bien están a la espera de ello, ya que, de lo contrario, no podría llevarse a cabo la ejecución del proyecto.

Los afectados también han reiterado una vez más su total apoyo a la restauración ambiental del cauce y riberas del río Cabra con su flora autóctona y a cuantas acciones pretendan devolverlo a su estado más natural. Más aún, incluso afirman haber estado muchos dispuestos a ceder gratuitamente parte de sus parcelas para la realización de los senderos previstos.

En cambio, se muestran disconformes con la realización de un proyecto urbanístico en el que se contemplan desde aparcamientos a instalaciones y equipamientos varios, que les llevarán a perder su intimidad y sus propiedades de huerta que en muchos casos están en explotación y hasta suponen el medio de vida de muchos de ellos.

Una preocupación que también afecta a aquellos propietarios que son pensionistas o se encuentran en situación de desempleo, ya que podrían incluso ver perder sus prestaciones económicas por esos conceptos durante un año a cambio de una indemnización económica por la expropiación a partir de 4.500 euros, cantidad mucho menor que lo que perciben por su situación. También dejaron claro que lo que persiguen con el recurso es retrotraer el proyecto al periodo de impacto ambiental, para así poder ser partícipes con sus aportaciones.

Los propietarios se mostraron confiados en lo que les expresó el alcalde el pasado 15 de marzo, y que adelantó a este periódico, cuando indicó que desde el Consistorio «estaremos muy pendientes de defender los intereses y los derechos que la ley establece para las personas que van a sufrir el proceso de expropiaciones, aunque el Ayuntamiento no es el ente que las realiza ni nada por el estilo, para que en todo momento tengan un trato adecuado».