La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), presidida por la alcaldesa de Montoro, Ana Romero, celebró ayer en Córdoba una junta directiva y una asamblea general en la que se hizo balance del estado actual de la organización y se marcaron las pautas de trabajo y los proyectos a acometer en los próximos años. Proyectos relacionados sobre todo con la puesta en valor de la actividad oleícola como recurso económico de los pueblos y de los valores saludables del aceite de oliva virgen extra.
Pero junto a ello, AEMO dio el visto bueno a dos manifiestos tendentes a defender la renta de los olivicultores y de las explotaciones y empresas vinculadas a ello. Así, el primero de estos escritos tiene como objetivo la recuperación del precio del aceite de oliva. En concreto, «aboga por un precio digno y estable del aceite de oliva que siendo asequible para el consumidor permita remunerar el trabajo de los olivareros españoles», indicó Romero.
AEMO hizo en el año 2013 un estudio de los costes del cultivo del olivo, donde concluyó que producir un kilogramo de aceite de oliva en España tiene un coste medio ponderado de 2,73 euros, diferenciándose entre los distintos sistemas de cultivo (tradicional, intensivo y seto). Y muestran desde AEMO su alarma porque después de pasar tres años con precios más o menos acordes, desde octubre ha caído un 30%, lo que ha situado el precio de referencia de venta del aceite de oliva virgen extra en origen en 2,30 euros, no alcanzando por tanto los costes de producción.
Por otro lado, AEMO solicita también «el mantenimiento de la bolsa para olivar en la nueva PAC, con reconocimiento diferencial a las zonas más vulnerables como las sierras». Esta petición se sustenta, según explican desde AEMO, en que «el marco financiero plurianual 2022-2027 presentado por la Comisión Europea prevé un recorte de entre un 8% y un 15% en el presupuesto de la PAC. El documento coincide también en desglosar que esta cifra supondrá una diminución de más del 10% en ayudas directas, (primer pilar, fondos Feaga) y de más del 20% en ayudas al desarrollo rural (segundo pilar, los fondos Feder)».
Según las estimaciones de la asociación, «el impacto que este recorte supondría en el cultivo del olivo podría llegar a más de 150 millones de euros en lo que se refiere a las ayudas directas al sector oleícola español». Por ello, AEMO, que representa al 75% de la producción de aceite de oliva de España, solicita a la CE que no haya recortes a las ayudas y que «se reparta el recorte presupuestario consecuencia del Brexit entre otros sectores menos vulnerables y frágiles del sector agrario». También piden que se consideren los aspectos diferenciadores entre distintos tipos de olivar.
