Nueve años llevan ya Francisco Castro y su mujer, Rafaela Heredia, vecinos de Puente Genil, intentando unir las piezas del puzzle que les conduzca hasta sus hijos, dos gemelos que nacieron el 23 de diciembre de 1976 en la residencia General Moscardó de Lérida y a los que nunca llegaron a ver después de que les aseguraran que ambos habían nacido muertos. Desde que en el 2011 iniciaron su búsqueda, Francisco y Rafaela no han cesado en el empeño de recabar información para conocer la verdad, pese a que el juez, que admitió la causa en el 2011, la archivara un año después por considerar que no había indicios de delito.

Castro no tiene la misma opinión. «El juez archivó la causa sin llamar siquiera a declarar al personal sanitario que atendió el parto, y luego hay muchos detalles como que nos dijeron que se enterraron el 25 de diciembre y en el Registro Civil no se inscribió ningún enterramiento ese día, o el hecho de que en el Obispado de Lérida se registraran en el mismo 23 de diciembre dos gemelos varones supuestamente de un matrimonio de Pamplona». Francisco no ha podido seguir la pista porque el Obispado le cerró el libro antes de tomar los nombres de los padres por la ley de protección de datos. Según su relato, «la ley de protección de datos nos impide investigar y puede estar sirviendo para evitar que se conozca la verdad». Sin perder el aliento, el próximo lunes 27 Francisco asistirá a la concentración convocada en Madrid frente a la Fiscalía General del Estado con motivo de la conmemoración del noveno aniversario de la presentación y entrega de la primera denuncia conjunta, en la que se incluyeron 261 denuncias en la Fiscalía General y a la que asistirán asociaciones de víctimas y afectados de bebés robados de toda España. De las más de 2.000 denuncias interpuestas por robo de bebés, 1.700 han sido archivadas.

La mujer de Francisco dio a luz en Lérida hace 43 años porque él estaba en ese momento trabando en un pueblo de Huesca haciendo una autopista y el seguimiento del embarazo se llevaba desde este hospital público, «en el que trabajaban también muchas monjas», recuerda. Su error, recalca cada vez que habla de este tema, «fue no haber ido al cementerio a comprobar que los niños estaban enterrados donde debían». Y es que la cesárea que se le practicó a Rafaela hizo que se le pararan los riñones y «nos fuimos corriendo a Barcelona porque se moría», recuerda él. La enfermera no le dejó a ver a sus hijos argumentando que era mejor para que no les quedara aquella impresión. Él entregó su póliza de decesos para el enterramiento y tiene la factura de la funeraria, pero sus hijos no constan como enterrados donde se supone que debieran estar y «el juez supuso, según relata en su auto», asegura, «que están en una fosa común del cementerio». Ahora espera que la Generalitat cumpla su palabra e investigue los casos ocurridos en Cataluña y exhume aquella fosa. «No vamos a parar».