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INFORME / URBANISMO

Zonas privadas que usan todos

Una veintena de barrios que desde hace más de medio siglo cuentan con espacios de propiedad particular de los que disfruta toda la ciudad continúan a la espera de soluciones para su mantenimiento

 

Zonas privadas de uso público en el barrio del Parque Figueroa. - A.J. GONZÁLEZ

Isabel Leña Isabel Leña
15/12/2019

Córdoba cuenta con una veintena de barrios que tienen más de medio siglo y que poseen zonas privadas de uso público, unos espacios comunes que son propiedad de los vecinos pero que disfruta toda la ciudad y de cuyo mantenimiento y cuidado se encargan ellos. La Federación Al-Zahara, las asociaciones vecinales de los barrios y el Consejo del Movimiento Ciudadano llevan varios años exigiendo una regulación definitiva de estos espacios y que el Ayuntamiento se haga cargo de ellos en las mismas condiciones que lo hace con el resto de la ciudad. Estos colectivos consideran que estas zonas se encuentran en el limbo y en una situación de desigualdad en relación a las demás.

NORMATIVA

¿QUÉ DICE EL PGOU?  El PGOU plasma las zonas privadas de uso público como «ordenanza abierta» y contempla «la posibilidad del mantenimiento -de modo convenido con los propietarios- de los espacios libres de edificación». Hay un artículo, el 13.6.2, que indica que «el espacio libre de la parcela no ocupado por la edificación no podrá estar cerrado, ni tener limitado su uso y disfrute» y que los propietarios «deberán mantenerlo en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato», aunque «subsidiariamente el Ayuntamiento podrá formular y ejecutar proyectos para la ordenación de dichos espacios, en cuyo caso podrá asumir el mantenimiento» de modo «convenido con los propietarios».

EVOLUCIÓN

¿QUÉ PASOS SE HAN DADO? En noviembre del 2017, la Federación Al-Zahara elaboró un manifiesto que dirigió al equipo de gobierno en el que planteaba tres propuestas, aunque se decantaba por una de ellas, la que recoge el PGOU, es decir, impulsar convenios con el Ayuntamiento para definir la responsabilidad de cada cual y que podían contemplar que la conservación corra a cargo de los propietarios a cambio de subvenciones o poder implantar usos deportivos de iniciativa privada que ayuden a las comunidades a sufragar los gastos. Las otras dos propuestas eran limitar el uso de estos espacios cerrándolos o que todos pasen a ser propiedad pública.

El anterior equipo de gobierno impulsó en el 2018 una mesa de trabajo sobre las zonas privadas de uso público en la que estaban Urbanismo, Emacsa, Sadeco e Infraestructuras. En febrero del 2019, Urbanismo, dirigida por IU, se comprometió a tener para este año un convenio que empezaría a aplicarse en el Santuario para después extenderlo a otras zonas, ya que cada una tiene su particularidad.

SUGERENCIAS

¿QUÉ PROPUESTA HAY? En mayo de este año, E88 Arquitectura y Urbanismo, a petición de Urbanismo, realizó un estudio de la situación de las zonas privadas de uso público, analizó el Parque Figueroa y Santuario y redactó un borrador con propuestas. En ese documento plantea convenios de gestión y la constitución de entidades de conservación. En esa propuesta, el Ayuntamiento se encargaba del abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado, la limpieza y la recogida de basura y las comunidades se hacían cargo de la conservación de la jardinería. A cambio de esta última tarea, el Ayuntamiento debía aportar el 50% del IBI urbano. Esa idea, que no desagrada al Santuario, no satisface al Parque Figueroa, que quiere que el Ayuntamiento asuma el mantenimiento de todo.

DEMANDAS

¿QUÉ QUIEREN LOS VECINOS? Lo primero, que el Ayuntamiento retome la comisión del anterior mandato. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, considera que esa comisión debe analizar el informe realizado para los dos barrios y ratificar que «la forma de resolver esta situación es a través de lo que marca el PGOU», es decir, mediante convenios, que pueden ir en la línea de que el Ayuntamiento asuma la gestión de todo o de que las comunidades se encarguen del mantenimiento a cambio de una compensación. A su juicio, la propuesta de mayo de E88 no es la solución para todos los barrios.

Además, añade, deben incluirse zonas privadas, que «no son ordenanza abierta», como entradas a bloques o pasajes, que necesitan mantenimiento. «Es de justicia que pasen a ser un barrio más de Córdoba», señala, y tengan todos los servicios. En las alegaciones que el CMC ha presentado a las ordenanzas fiscales del 2020, a las que le falta la aprobación definitiva, reclama que se aplique una bonificación de hasta el 90% en el IBI a las viviendas que están en zonas privadas de uso público.

AYUNTAMIENTO

¿QUÉ PIENSA URBANISMO?  El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), tiene intención de buscar soluciones para las zonas privadas de uso público, ya que es consciente de que su situación es «injusta» y que acabar con ella es «una necesidad». Su idea es «no desaprovechar el trabajo hecho» en el anterior mandato, ver los estudios realizados y sus conclusiones, analizar las experiencias de otras ciudades como Málaga y Sevilla y llevar una propuesta al consejo rector. Es una de las tareas que se marca para principios del 2020. Fuentes ha dejado claro que «no habrá más comisiones» y que tocar el IBI «es imposible». «Buscaremos otros planteamientos que tengan encaje jurídico y que sean compatibles con los argumentos de Intervención», asegura.

DE MIRALBAIDA A CAÑERO

EN ROJO

El PGOU dibuja en rojo las zonas privadas de uso público que salpican la ciudad y que, sin contar con los barrios nuevos, ocupan la mitad de la misma, repartidas entre Miralbaida, Parque Cruz Conde, Parque de las Avenidas, avenida del Corregidor, Vistalegre, Poniente (bloques de Gran Vía Parque y plaza de toros), Sector Sur, San José Obrero, Santuario, Fuensanta, Parque Fidiana, Fátima, Levante, Zumbacón, Parque Figueroa, Margaritas y Cañero. Estos diecisiete barrios aparecen en un estudio que realizó la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.

LEY DE 1956

Todos estos barrios cuentan con calles, jardines y espacios libres que los promotores de las viviendas se vieron obligados a construir por la Ley de Suelo de 1956 y que pasaron a las escrituras del vecindario de forma colectiva.

SANTUARIO Y FIGUEROA

El estudio realizado por E 88 Arquitectura y Urbanismo en el anterior mandato relata cómo los dos barrios en los que el gobierno local quería actuar llegaron a esta situación. A finales de los sesenta, la constructora benéfica de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba promovió los dos residenciales al amparo del PGOU de 1958. En el Parque Figueroa se levantaron 2.052 viviendas distribuidas en 18 bloques, mientras que en la Fuensanta-Santuario se edificaron 862 repartidas en 12. Alrededor de esos bloques había espacios libres que fueron gestionados por la constructora benéfica, pero que después pasaron a manos de los propietarios de las viviendas, que son los que se encargan de ellos.

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