Quitar y poner un nombre a una calle es facultad discrecional de la junta de gobierno local. Aunque el Pleno suscribió un documento político sobre memoria histórica, fue la junta de gobierno quien administrativamente lo aprobó. Siguiendo el procedimiento estipulado por la ordenanza, PP y Cs pretenden desandar los pasos dados por PSOE e IU en el anterior mandato. De las 15 calles que se cambiaron entonces, se quieren reponer tres, mientras que dos están incursas en procesos judiciales (Cronista Rey Díaz, que a día de hoy no puede ser cambiada; y Cañero, que ha sido cambiada, pese a estar en vía judicial).

De consumarse el anuncio de PP y Cs, habrá que esperar a que la junta de gobierno apruebe la medida para, como han anunciado las asociaciones memorialistas, adoptar medidas legales. Tras la aprobación, los interesados tendrían un mes para presentar un recurso de reposición o dos meses para acudir al Contencioso-Administrativo.

Las fuentes jurídicas consultadas consideran impredecible cualquier decisión judicial, y recuerdan la ambivalencia de las sentencias que ha habido en España en cuanto al cambio de calles franquistas. «El argumento del cumplimiento de la ley podría ser rebatido, por ejemplo, con el hecho de que la memoria colectiva de los cordobeses consagra nombres como el de Cruz Conde como denominación independiente de quién fue la persona. ¿Qué haría entonces un juez? No se puede saber», concluyen esas fuentes.