Si las relaciones de Vox y el gobierno local se conjugan en la dinámica del palo y la zanahoria, este jueves tocó madera en una cuestión de actualidad: la vuelta al cole en mitad de la pandemia. Los de Santiago Abascal eligieron votar con el bloque de la izquierda para exigir al Gobierno andaluz --donde utilizan la misma fórmula para mover al burro-- que dote de recursos humanos y materiales a los centros educativos públicos para minimizar el impacto del covid.
También pidieron al gobierno local más limpieza en las aulas, más porteros y espacios municipales para desdoblar los grupos y cumplir con las distancias de seguridad que no permite una ratio de 25 niños por clase. «No es nuestra moción porque no incluye a la escuela concertada ni a la privada, pero es más que razonable lo que se pide», afirmó Paula Badanelli (Vox) quien afeó a los populares que no intentaran negociar con ellos.
La moción dejó a PP y Cs solos en la defensa de que el regreso a las aulas en Andalucía ha sido óptimo -la concejala Cintia Bustos, que se estrenó con enfrentamiento con Badanelli incluido, atribuyó el bajo índice de contagios al éxito de las políticas andaluzas--, en la antesala de una huelga a la que está convocado hoy la comunidad educativa, como en sendas comparecencias en el salón de plenos lo explicaron los representantes sindicales de CCOO y Ustea.
El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, no tardó ni un minuto en tratar de desacreditar la postura del socio preferente, desempolvando el término de «la pinza» para el pacto «Podemos-Vox». La izquierda, por su parte, aprovechó para denunciar un convenio que Sadeco ha firmado para desinfectar escuelas concertadas y el error de Manuel Torrejimeno al tratar de pasar 38 monitores de un programa de salud en la escuela al control de los accesos, algo que no le ha permitido la Intervención.
En un pleno en el que se consensuaron el resto de mociones (evidenciando no se sabe si el esfuerzo en la negociación de los ediles o el esfuerzo por evitar el debate), hubo de nuevo atranque en la parte resolutiva, esta vez a cuenta de las ordenanzas fiscales de 2020 que PSOE, IU y Podemos han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por considerar que su aprobación no incluyó un informe de Intervención ni se dio respuesta a las alegaciones presentadas en tiempo y forma. La habitual personación del Ayuntamiento en un procedimiento judicial se convirtió en un punto de fricción, porque la oposición había presentado una enmienda al dictamen, en la que se incluía la petición de que el Consistorio se «allanase» al recurso, es decir, que aceptara que las ordenanzas --como mantienen ellos en su demanda-- son «nulas».
El alcalde, José María Bellido, había solicitado un informe al titular de la asesoría jurídica, Miguel Aguilar, sobre esta pretensión en el que el letrado considera que es «imposible acordar el allanamiento». Un argumento sostenido también por el secretario del Pleno, que además advirtió a los ediles de que podrían incurrir, en caso de mantener la enmienda, en causa de abstención. Dicho de otro modo, que debían abstenerse en la votación de un asunto en el que tienen intereses. Esta advertencia provocó el enfado de los partidos de izquierda, que se salieron del salón de plenos cuando se votó el dictamen.
En el turno de debate, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, acusó al gobierno local de estar «tensionando» a los funcionarios municipales y explicó que la intención de la oposición solo era que la asesoría jurídica «se posicionase a favor de los intereses generales», que entienden están en el lado de los demandantes, es decir, de su lado, y no del lado de un gobierno que está en una continua «huida hacia delante» y no enmienda «sus errores».
No obstante, después de los informes conocidos, Ambrosio propuso una transacción --que no fue admitida-- en la que únicamente se incluía ya la personación sin más del Ayuntamiento en la causa, pero previa consulta al Consejo Consultivo. La concejala de IU, Alba Doblas, consideró que la petición de estos informes responde «al nerviosismo» del gobierno porque el TSJA haya admitido a trámite la denuncia sobre las ordenanzas. Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, negó que existan nervios y acusó a su vez a Ambrosio de ser ella quien presiona a los funcionarios.
El debate se cerró con la pretensión de Vox de que Córdoba se saliera de la FEMP, que no cosechó apoyo alguno. Los de Abascal recibieron de vuelta las críticas al «chiringuito» que es, a su juicio, la asociación de los ayuntamientos, con el «chiringuito» en el que trabajó durante años el líder de la formación. El palo, en esta moción, fue para ellos.
