El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado hoy en junta de gobierno local el anteproyecto de una nueva ordenanza para la conservación, rehabilitación y evaluación de edificaciones que revisa el concepto de la antigua ordenanza y renueva los plazos para presentar los informes de inspección técnica que han quedado en suspenso mientras se negociaba esta norma. Pedro García, presidente de la Gerencia de Urbanismo, ha anunciado esta mañana el resultado de las negociaciones iniciadas hace una década, que culmina con la sustitución de la ordenanza de Inspección Técnica de Edificios. Una vez aprobada en junta de gobierno local, pasará al consejo social para el informe pertinente y se espera que se pueda llevar al próximo Pleno de mayo.

Según el nuevo texto, consensuado con la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, las viviendas situadas en los denominados entornos BIC (una zona más limitada que el casco antiguo al que aludía la ordenanza anterior) tendrán un año a partir de la entrada en vigor de la norma para presentar la ITV de su edificio. Según los plazos que baraja la Gerencia de Urbanismo, en este ámbito, los propietarios tendrán hasta el 2020 para presentar el informe, ya que se espera que la ordenanza entre en vigor antes de que acabe este año. En este caso, será de aplicación obligatoria a todas las casas particulares, sean unifamiliares o no.

A partir del siguiente tramo de aplicación, para viviendas de entre 75 y 100 años, solo se controlarán las viviendas plurifamiliares, es decir, los bloques de pisos a partir de dos unidades, que tendrán hasta el año 2021 para presentar el informe que demuestre que el edificio está en buen estado. Un año más, hasta el 2022 tendrán los que tengan una antigüedad de 50 a 75 año y hasta el 2023 para los que tengan más de 50 años.

Entre los dos primeros tramos, se estima que estarían afectadas unas 10.000 viviendas, que deberán demostrar con informes el estado adecuado de su edificio antes del 2021. En el tramo tercero, de viviendas de entre 50 y 75 años, se encuentran bloques de pisos de barrios como La Fuensanta, Cañero Viejo, Fátima, Valdeolleros y Ciudad Jardín, según explicó el coordinador de Ciudad Física de Al Zahara, Juan Andrés Gracia.

En cuanto a sanciones que se aplicarán para los incumplidores, el gerente de Urbanismo, Emilio García, informó de que se aplicarán las previstas por la LOUA.

De Gracia, ha valorado que la nueva ordenanza venga a "resolver una situación injusta y desproporcionada" y ha subrayado que "con este documento se corrija la obligación anterior de que todos los edificios estuvieran obligados a presentar este informe en un intento de dar trabajo a arquitectos y aparejadores". A partir de ahora, el objetivo se centra en "actuar en los edificios más antiguos y en viviendas colectivas construidos en fases según su antigüedad". También ha insistido en la necesidad de que las administraciones incorporen ayudas a la rehabilitación, tanto el Ayuntamiento a través de Vimcorsa tras cuatro años sin este tipo de subvenciones, como la Junta de Andalucía que tiene pendiente el pago de las del año pasado y aún no ha lanzado una nueva convocatoria y el Gobierno central.