La Gerencia de Urbanismo dio a conocer ayer a los miembros de su consejo rector el borrador de la denominada Ordenanza de conservación, rehabilitación, evaluación y estado ruinoso de las edificaciones, que introduce novedades en relación a la vigente (la aprobada en el 2009 y modificada en el 2012). Con este documento, que aún puede sufrir cambios, las viviendas unifamiliares quedan exentas de pasar la revisión (aunque con algunas excepciones), que queda limitada a los bloques con más de un piso -edificios plurifamiliares- y a los bienes de interés cultural. Las únicas viviendas que estarán obligadas al chequeo sobre su estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética, serán las que soliciten ayudas, las que estén incluidas en programas municipales y las que estén sometidas a órdenes de ejecución -aunque no todas, ya que irá en función del riesgo- por motivos de conservación o rehabilitación y tengan más de 50 años. En este último caso, tendrán un plazo de tres meses para la revisión, al igual que todo tipo de inmueble en la misma circunstancia (que podrá suspenderse en caso de que se realicen obras con licencia y dirección técnica). Las casas vecinales (las que tienen más de una familia) también tendrán que pasar la inspección.

La exclusión de las viviendas unifamiliares de la ordenanza es una de las demandas de la Federación Al-Zahara y del Consejo del Movimiento Ciudadano, que llevan tiempo insistiendo en que la ordenanza de Córdoba es mucho más restrictiva que la normativa estatal, ya que esta última solo obliga al chequeo a edificios plurifamiliares de más de medio siglo. En cambio, la ordenanza en vigor en Córdoba exige también la revisión a viviendas unifamiliares, teniendo gran incidencia, por tanto en el casco histórico. Si ahora mismo la revisión es obligatoria para 12.000 inmuebles de más de medio siglo que han de pasarla antes del 28 de junio, con la nueva propuesta, la cifra se reducirá considerablemente.

Al igual que ahora, la nueva ordenanza se aplicará en toda la ciudad, en inmuebles de más de cincuenta años y con unos plazos que variarán en función de la antigüedad. El texto diferencia cuatro ámbitos de aplicación, el de las edificaciones declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) y las que están en su entorno; el de los bloques de pisos o casas vecinales que cumplieron 50 años el 28 de junio del 2013; el de las edificaciones que soliciten subvenciones y el de las que están incluidas en los programas de actuación municipal, en los que podrá haber supuestos especiales en función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso.

Los edificios que hayan sido objeto de reforma integral no tendrán que pasar la revisión hasta que no hayan transcurrido cincuenta años desde las obras.

La ordenanza prevé la realización de un censo de edificios obligados a pasar la revisión, que será renovado anualmente e incluirá los que la vayan realizando. El documento contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento publique el listado de edificios que han de pasar la inspección al año siguiente para que sus propietarios lo sepan.

No pasar la revisión implica multas (que el documento no especifica) y la no concesión de licencias y ayudas. En cambio, llevarla a cabo conlleva la posibilidad de lograr subvenciones y acogerse al tipo reducido de la tasa por licencia de obras (en caso de que esté prevista en las ordenanzas fiscales).

Urbanismo pretende llevar al consejo rector de junio la ordenanza para iniciar los trámites para su aprobación, que espera que se produzca este año. Su idea es reuniones con el Consejo del Movimiento Ciudadano para que haga aportaciones.