La empresa municipal Vimcorsa tiene planes para la antigua escuela infantil Félix Ortega, ubicada en la calle Don Rodrigo 4, que cerró sus puertas en el 2013, durante el anterior mandato del PP, tras 53 años de historia. El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), informó ayer en el consejo de administración de que la antigua guardería municipal será rehabilitada y adaptada para albergar entre 20 o 24 alojamientos destinados al alquiler social utilizando los fondos Edusi, si la propuesta es aceptada. La iniciativa contempla zonas comunes y espacio para servicios sociales de la Axerquía.

La intención de Vimcorsa es presentar este proyecto en la nueva convocatoria de los fondos Edusi prevista para diciembre. El importe previsto dentro de la línea en la que Vimcorsa encuadrará este proyecto es de 1,3 millones, de los que el 80% proceden de los fondos europeos y el 20% pone el Ayuntamiento.

La empresa había hecho otra propuesta que ha sido descartada al ser considerada "inviable", de ahí que opte por esta nueva. La línea consistía en la "promoción de viviendas sociales en alquiler u otras formas de cesión" y en la "adquisición de viviendas vacías o a rehabilitar para alquiler social" y será sustituida por "la promoción de residencia habitual y permanente en alquiler social a colectivos vulnerables en equipamiento asistencial". La opción barajada es que los alojamientos resultantes se destinen a mayores.

Por otro lado, y tal y como adelantó este periódico, el consejo aprobó (con la oposición de IU y las abstenciones de PSOE y Podemos) poner fin al contrato firmado con la empresa que estaba redactando el plan municipal de vivienda, Espacio Común, por encargo del anterior gobierno local. Los planes de Vimcorsa son revisar el plan aprobado durante el 2010 y adaptarlo al estatal de vivienda Vive en vez de elaborar uno nuevo.

Dos informes jurídicos

El presidente de Vimcorsa dio a conocer dos informes jurídicos relativos a los convenios firmados por el anterior gobierno local de PSOE e IU (que estaba al frente de la empresa) con la sociedad Sareb y con Caixabank para la cesión de 38 pisos destinados al alquiler social. Fuentes garantizó que "no se echa a nadie a la calle" -en referencia a los inquilinos-, aunque explicó que se están revisando los convenios para firmarlos otra vez pero con otras cláusulas y de otra manera, ya que ambos han quedado en suspenso. De hecho, ya ha enviado los textos a las dos entidades con las nuevas cláusulas, que, según afirma Fuentes, son "más equilibradas" y "dotan de más seguridad jurídica".

El informe relativo al convenio con Caixabank explica que el acuerdo con Vimcorsa se apoya en el programa para la gestión de viviendas vacías adoptado en septiembre del 2015, que "ya adolecía de la irregularidad de no ir precedido del correspondiente informe jurídico", lo que ya advirtió el secretario entonces. Después, en abril del 2018, el convenio fue aprobado por el consejo sin informe previo, de lo que también avisó el letrado asesor. Por ello, indica que "la exigencia de control de legalidad no se ha llevado a cabo de la forma debida".

El informe indica que el convenio "sobrepasa los fines previstos en el programa marco" en el que se apoya. Además, la empresa asume el pago de 75 euros por vivienda, tanto si la cobra como si no, lo que implica la "asunción de una obligación económica no prevista en el presupuesto anual", cuyo impacto no ha sido evaluado, según especifica. La empresa asume además, según el documento, obligaciones de adecuar las viviendas sin especificar su alcance, lo que ocurre también con todos los gastos de obras, IBI y gestión. Tampoco se emitieron, añade, informes sobre la situación social de los ocupantes de las viviendas y la posibilidad de regularizarla a pesar de que las actuaciones estaban supeditadas a los mismos.

El letrado asesor aconseja dejar sin efecto el convenio cuanto antes debido a la "ausencia de control previo tanto jurídico como financiero" y a la gran cantidad de obligaciones que asume la empresa con repercusión económica directa en la misma.

El segundo informe alude al convenio con la Sareb, que presenta "importantes irregularidades", entre ellas que los intervinientes son el Ayuntamiento y la sociedad de reestructuración bancaria y no Vimcorsa a pesar de que se establezcan obligaciones hacia ella. Es más, el convenio fue firmado en nombre del Ayuntamiento por la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, y no por la alcaldesa. El documento añade que el convenio no fue llevado al consejo de administración de la empresa y que fue firmado en mayo con la corporación en funciones.

Al estar rubricado en representación del Ayuntamiento necesitaba una memoria justificativa inexistente. En este convenio se reproducen las mismas deficiencias que en el de Caixabank en cuanto a contenido y el informe jurídico alude a "obligaciones difusas" y "poca claridad y rigor jurídico". El informe concluye que el convenio "adolece de irregularidades de gran calado legal".