La carta de derechos y deberes de las personas inquilinas que Vimcorsa quiere incorporar en los contratos de alquiler, y que fue presentada ayer en el consejo de administración, incluye sanciones leves, graves y muy graves para los infractores. Muy grave será el subarriendo o la cesión total de la vivienda, las conductas delictivas dentro de la misma y en las zonas comunes, el uso peligroso de estas últimas, los malos tratos en todas sus vertientes y la discriminación, el incumplimiento de las normas de convivencia, o el impago de más de tres meses de renta o de comunidad injustificadamente. Ante esas infracciones, Vimcorsa plantea sanciones como la resolución del contrato, acciones judiciales, el traslado a otro piso o la prohibición del uso del trastero o del aparcamiento.

La carta no solo contiene las obligaciones de los inquilinos de su parque residencial, sino que recoge sus derechos, como el de que la vivienda y las zonas comunes cumplan las condiciones de habitabilidad, la convivencia en armonía, el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la renta en situaciones de empobrecimiento sobrevenido, e, incluso, a reparar y repercutir el coste a Vimcorsa si en 45 días no da respuesta. De momento, son solo propuestas, que ayer avanzó también la presidenta de la empresa, Alba Doblas, y que deberán ser aprobadas antes de su puesta en práctica, por lo que les queda recorrido, al igual que al servicio contra el acoso inmobiliario que quiere crear para atender a todas las comunidades que lo necesiten, sean de su parque o no. Doblas considera que «el poder público no puede mirar para otro lado» y debe amparar a las víctimas en los abusos que cometen los propietarios en el alquiler, especialmente «el fenómeno de fondos buitre», y cuando existen «actividades ilícitas y conductas contrarias a la convivencia, que afectan profundamente a la vida de las víctimas». La idea es agotar la vía de la negociación primero e iniciar acciones legales después.

El consejo aprobó el programa de fomento de cooperativas de vivienda con las líneas posibles y la modificación del de permutas introduciendo un baremo en caso de que dos familias quieran el mismo piso. Según el gerente, Rafael Ibáñez, de los 80 ofertantes de vivienda, 15 quieren intercambiarla y la mitad tienen problemas de movilidad, de ahí la necesidad de contar con pisos accesibles, que son los más escasos y demandados.

El PP votó en contra del programa de cooperativas. El concejal Salvador Fuentes criticó que «tras cuatro años y mucho debate, las cooperativas no se han puesto en carga», por lo que han sido «un fracaso». Aún así considera que el programa servirá de base para el próximo mandato. Por su parte, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, lamentó que ni siquiera se ha logrado aprobar un pliego marco para las cooperativas, «solo un esquema», y no hay ni «suelo adecuado». En cuanto a la carta y al servicio contra el acoso, aunque piensa que llega tarde, considera que se trata de propuestas «interesantes», que llevará al pleno del CMC.