Veintiséis trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ganan más que el alcalde, José María Bellido, que percibe 59.635 euros anuales brutos sin tener en cuenta Seguridad Social. Los datos se desprenden del presupuesto que tendrá el organismo municipal este año si sale adelante mañana en el consejo rector que hay previsto. Según el expediente, el sueldo más alto es el del secretario, que percibe, también sin contar con la Seguridad Social, 107.182 euros brutos; seguido del interventor, con 99.799; y el gerente, que cobra 73.440.
El resto de esos 26 empleados perciben entre 60.169 y 74.134 euros. El salario más bajo está en 31.871 euros y corresponde a auxiliares administrativos. Entre los sueldos más altos se encuentran los de los jefes de servicio u oficina, adjuntos a ellos, técnicos de archivo, arquitectos, licenciados en derecho e ingenieros técnicos industriales. El salario medio está en 48.951 euros, aunque ha llegado a ser mucho más alto. En el 2012, por ejemplo, era de 52.000. Antes de la bajada que se produjo en plena crisis, en la negociación que hubo en el anterior mandato del PP, el gerente cobraba 95.000 euros.
Los 26 trabajadores representan el 18% de la plantilla, integrada por 143 personas, de las que 96 son laborales fijos y 47 funcionarios, por lo que los primeros siguen siendo el doble que los segundos. El consejo debe abordar, junto con el presupuesto, la aprobación de la plantilla, en la que habrá 115 plazas consideradas ocupadas y 28 vacantes, 5 más que en el 2019. El consejo acordará la transformación de dos plazas de arquitecto a dos de funcionario.
El presupuesto en personal: 9,1 millones de euros
El presupuesto en personal se incrementa un 5,81%, pasando de 8,6 millones a 9,1. Esa cantidad incluye la previsión de subida de retribuciones del 2%, a la que se sumará un 1% más si el PIB crece igual o más que el 2,5%. Urbanismo se marca como objetivo la consolidación de la plantilla.
Un duro informe de Intervención
Las cuentas llegan con un duro informe de Intervención, que en personal destaca múltiples «deficiencias». Intervención vuelve a advertir de la obligación de «regularizar lo que es una situación ilegal», en referencia a la necesidad de convocar todas las vacantes existentes cumpliendo los requisitos de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación. A su juicio, las plazas de personal laboral «están en la práctica totalidad» vacantes «existiendo personal con contratos laborales que han devenido en indefinidos no fijos en fraude de ley». Intervención entiende que la «prioridad de la GMU debiera ser la convocatoria de todas las vacantes».
