Una veintena de cargos directivos y personal de confianza del actual equipo de gobierno no han hecho aún la declaración de bienes y derechos patrimoniales ni la declaración de actividades y causa de posible incompatibilidad del cargo, a pesar de haber tomado ya posesión en el Ayuntamiento o en alguna de sus empresas municipales. Al igual que los concejales de la Corporación, los coordinadores generales, directores generales y gerentes de las empresas y organismos autónomos deben cumplimentar este requisito legal, tanto cuando toman posesión como cuando cesan. Así, lo que se puede comprobar es si han aumentado o variado su patrimonio durante el mandato o el tiempo en el que hayan prestado servicio en la Administración local, pero de momento no lo han hecho.

La falta de estas declaraciones patrimoniales, se suma al problema acumulado en la secretaría municipal del Pleno, del que informó CÓRDOBA hace un par de días, cuya falta de plantilla ha hecho que tres meses después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno aún no se hayan publicado las declaraciones de bienes en el Boletín Oficial de la Provincia. Es tal el retraso que los trabajadores han empezado a acudir por las tardes para volcar los datos y dar cumplimiento a ese requisito, en aras de la transparencia legalmente exigible.

La concejala de Podemos, Cristina Pedrajas, acudió ayer a la Secretaría de Pleno para interesarse por el retraso y para exigir que al menos las declaraciones de los concejales puedan conocerse ya, al margen de que para verlas publicadas en el BOP haya que esperar algo más de tiempo. La edil de la formación morada informó ayer a este periódico de que si finalmente su petición no prospera, al menos ella y su compañero, el concejal Juan Alcántara, facilitarán a los medios sus declaraciones.

Cabe recordar que la declaración de bienes consiste en rellenar un formulario que fue aprobado por el Pleno de Córdoba y que incluye datos sobre los bienes inmuebles (si son propietarios al 100% de los mismos o como bienes ganaciales), vehículos, hipotecas, saldos bancarios, planes de pensiones, seguros y acciones. La Administración no tiene la obligación de cotejar la veracidad de los datos, si bien se presupone que los ediles, que van a ser representantes públicos, y su personal de confianza dicen la verdad ante un funcionario público, en este caso, el secretario del Pleno, Valeriano Lavela.