Los 20 acusados por el Ministerio Fiscal en el procedimiento derivado de la operación Torrico, que investigó la venta de coches sustraídos en Italia, han aceptado este viernes los hechos y penas que suman un total de 23 años de cárcel durante la primera sesión del juicio que celebra el juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba. Además, otros 20 procesados han quedado absueltos después de que se hayan retirado las acusaciones particulares contra estos encartados.

Tras el acuerdo, la vista oral continuará en enero para abordar las responsabilidades civiles. En esta línea, el letrado José Barbero, que ha defendido a tres procesados, ha destacado la labor realizada por las partes para alcanzar una conformidad en cuanto a la responsabilidad penal y la adhesión de las acusaciones particulares a la calificación de los hechos realizada por el fiscal.

En esta calificación, el Ministerio Público solicitó penas que sumaban 23 años de cárcel para 20 acusados (que son vecinos, principalmente, de las localidades de Hinojosa del Duque y Pozoblanco) de pertenecer a un grupo criminal o colaborar con él para adquirir, manipular y vender 48 vehículos sustraídos en Italia. El fiscal tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, dado que los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2014.

En el caso de los cabecillas de la trama, dos hermanos de Hinojosa del Duque, el Ministerio Público pidió 23 meses de cárcel y una multa de 952 euros (que se solicitó para todos los encartados) por los delitos continuados de falsedad en documento oficial en concurso con estafa, receptación y grupo criminal. En el caso de un segundo grupo de ocho personas, el fiscal reclamó 14 meses de prisión por un delito de falsedad en concurso con estafa y pertenencia a grupo criminal.

Otro procesado sumó a estas acusaciones la de tenencia ilícita de armas, por lo que solicitó que se le impusieran 20 meses de cárcel. Para estos 11 encartados reclamó, asimismo, que indemnizaran en 171.168 euros a diferentes empresas, dado que en ocasiones los coches eran de alquiler. En cuarto lugar, la acusación pública pidió para nueve personas 11 meses de prisión por colaborar con la estafa. Por último, también propuso el sobreseimiento de las actuaciones para 23 individuos al no quedar suficientemente acreditado su conocimiento de los hechos.