El concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), informó ayer que su delegación está tramitado en el primer trimestre de este año 750 ayudas de emergencia social y familiares (464 corresponden a emergencia social, hasta el 6 de abril, y 295 a familiares, al 31 de marzo) por encima de los 460.000 euros.

Para Del Castillo, «el equipo de gobierno ha contribuido a garantizarle a muchas personas su derecho a algo tan básico y esencial como es la alimentación, la vivienda o los suministros vitales. Hemos contribuido a que muchas personas tengan comida, un techo y las condiciones mínimas para subsistir, porque ya dijimos que este equipo de gobierno quería hacer del Ayuntamiento una herramienta útil y sensible con y para el ciudadano, sobre todo para aquel que peor lo está pasando». En este sentido, indicó que de las 9 zonas donde trabajan los Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde más ayudas de emergencia social se han tramitado durante el primer trimestre de 2017 han sido: Sur (135), Fuensanta (73) y Miralbaida (68), y las zonas de la periferia (21), Ribera (23) y Norte (29), donde menos.

Destaca Del Castillo, también, que, en cuanto a los conceptos de las ayudas de emergencia social tramitadas, los suministros básicos es lo más demandado por los vecinos que solicitan esta seguido de la alimentación y para enseres. Recuerda el concejal «el compromiso del equipo de gobierno con las políticas sociales, y de ahí que año tras año se estén incrementando las partidas de ayuda de emergencia social, pasando de 250.000 euros, que fue lo presupuestado por el PP en el 2015, a 1,3 millones lo previsto para este año».

Las ayudas de emergencia social son prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares, se aplica a las personas que lo solicitan, tienen un carácter único y solo se pueden conceder una vez al año por unidad familiar. En cambio, las ayudas familiares tienen un carácter distinto por concederse a familias con necesidades básicas de los menores a su cargo y tienen que venir acompañadas de una intervención social complementaria. Se establecen para ser percibidas con un periodo máximo de 6 meses, aunque pueden darse excepciones.