La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano (integrada por los consejos de distrito de El Higuerón, Santa Cruz, Trassierra, Villarrubia, Alcolea y Cerro Muriano y por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara) quiere que las viviendas ilegales que tengan redes de suministro cerca cuenten con agua y luz de forma inmediata y así lo van a solicitar al Ayuntamiento y a la Junta. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano y portavoz de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, considera que el proceso para la dotación de servicios «sigue yendo muy lento» y la situación es «inasumible por el movimiento vecinal afectado», por lo que la comisión ha decidido en su última reunión que hay dos temas que deben resolverse «inmediatamente».
El primero de esos temas es «la dotación provisional de servicios, sobre todo en aquellos casos en los que las infraestructuras pasan ya por delante de las viviendas y donde unas casas tienen y otras no», lo que produce una «situación de injusticia». En esos casos, añade, «las infraestructuras grandes están hechas por Emacsa y Endesa y hay que llegar a acuerdos, con la Fiscalía y con quien haga falta», para que se produzcan los enganches, que es lo único que hace falta para la dotación de servicios y resolver así un problema de carácter «social». El plazo máximo que fijan estos colectivos para la dotación de servicios es este verano. Para ello, dirigirán esta reivindicación «de manera inmediata al Ayuntamiento y a la Junta, y Urbanismo y Emacsa deben buscar soluciones».
En segundo lugar, la comisión exige una revisión de los suelos de especial protección, que es el gran hándicap de gran parte de las parcelaciones de Córdoba, que no pueden ser urbanizables, porque no las contempla el PGOU, ni tampoco pueden acogerse a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que no las legaliza pero les permite los servicios básicos. Por ello, la comisión hará una «propuesta oficial al Ayuntamiento para que prepare el expediente de revisión» para los terrenos en los que la infracción urbanística ha prescrito, que «ya no son recuperables, por lo que no se puede volver a la situación original del suelo», a menos que sean expropiados, lo que resulta inviable económicamente. Además, De Gracia asegura que «hay sentencias que nos respaldan e indican que desde el punto de vista penal no hay nada que proteger, por lo que hay que definir si tiene sentido mantener un suelo de especial protección que ya no existe». Por ello, insiste en buscar una solución, ya que «no se puede mantener esta situación de indefinición atrapados entre normativas teóricas cuando lo que allí hay son realidades». En esos casos, añade, «habrá que marcar otro tipo de protección». La idea es que esos terrenos «sigan protegidos, que no se urbanicen más, pero que puedan acceder a los servicios básicos» a través del AFO. Además de al Ayuntamiento, la comisión de periferia también dirigirá esta demanda a la Junta.
