La comisión de periferia de Al-Zahara (integrada por los consejos de distrito de las barriadas periféricas) y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se han cansado de esperar y están decididos a aumentar su presión sobre la Junta y el Ayuntamiento al ver que el tiempo pasa y la situación de las parcelaciones es la misma, es decir, que no logran servicios básicos. Por ello, ambos colectivos tienen pensado concentrarse en octubre -el día está por determinar- ante la delegación del Gobierno y ante el Ayuntamiento y entregar allí sus demandas.
El coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara y presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, recuerda que ya ha pasado un año desde la reforma de la LOUA y desde que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se reunió con la alcaldesa, Isabel Ambrosio. En aquel momento, indica, «se nos anunció que los cordobeses podrían resolver su situación relativa a la dotación de servicios». A pesar del tiempo transcurrido, añade, «ni una sola parcelación de las que existen en Córdoba han podido beneficiarse de esa modificación legal». Por ello, pedirán explicaciones a las dos administraciones «una vez que se ha demostrado que ha sido inútil esa modificación para la ciudad y que el Ayuntamiento no ha sido capaz de utilizar los mecanismos para dar servicios», ya que «insiste en que está condicionado por esa realidad legal».
Estos colectivos ciudadanos consideran que «la pelota está ahora más en el campo de la Junta». Por ello, De Gracia afirma que van a «insistir y presionar más» a los responsables de la Junta y a los grupos parlamentarios, a los que llevarán sus demandas. En este sentido, se dirigirán a los partidos políticos con los que se han reunido (PSOE, PP e IU) para «ver qué han hecho» e intentarán que los reciban los que no lo han hecho aún (Podemos y Ciudadanos). Además, quieren saber si la Junta va a «aceptar la iniciativa de Urbanismo que afecta al suelo urbanizable», y que no ha tenido respuesta. El plan de Urbanismo consiste en adelantar servicios a una docena de parcelaciones que están en vías de regularización. «Necesitamos que el Parlamento se comprometa a dar esta solución que Urbanismo ha puesto encima de la mesa y que significa una modificación puntual de la LOUA, que, de hacerse, posibilita que algunos suelos de la Vega puedan adelantar a corto plazo servicios», señala. De Gracia opina que esa propuesta «debe llevarse a cabo de inmediato».
En cuanto al Ayuntamiento, De Gracia considera que «tiene una responsabilidad importante, que pasa por iniciar un procedimiento de eliminación de las zonas de especial protección», que es «lo que condiciona que el suelo no urbanizable pueda tener acceso a servicios». Por ello, explica que ante la Junta insistirán en una nueva modificación de la LOUA y ante el Ayuntamiento, en la eliminación de la especial protección.
Por otro lado, estos colectivos quieren recuperar una iniciativa del 2004 destinada a casas que no tienen servicios en zonas que los poseen, de forma que las que tengan redes cerca se puedan enganchar. Su idea es preparar una moción y presentarla a los grupos municipales para que la lleven al Pleno.
Viene de la página anterior
