La asociación de vecinos de La Axerquía de Córdoba, junto con cuatro más de Granada (Bajo Albayzin), Jerez (Centro Histórico de San Mateo), Málaga (Centro Antiguo) y Marbella (Casco Antiguo), ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el TSJA contra el decreto que entró en vigor este verano y que permite música en las terrazas. Representantes de esta asociación y de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara han dado a conocer esta iniciativa contra una norma que consideran que va “contra las normativas del Estado y de Europa” y que causará problemas a los ayuntamientos, “que no van a tener capacidad para controlar lo que la ley va a permitir”, según ha expresado Manuel Cuello, de la asociación La Axerquía.

El recurso indica que las nuevas posibilidades que da el decreto tendrán un “impacto en la vida de los vecinos de los centros históricos recurrentes”, que “verán perturbados sus derechos tan básicos como el derecho al descanso” o “la intimidad domiciliaria, violentada por ruidos y otras molestias”. El documento indica que el decreto es “ilegal” al ser contrario a una directiva europea sobre la lucha contra el ruido y a la ley del 2003 de la misma materia. Los recurrentes consideran “inevitable” que al aplicarse este decreto se rebasen los límites de ruido fijados.

Manuel Cuello ha asegurado que la Junta “nunca ha contado con los vecinos para la redacción del decreto” ni con la Federación Al-Zahara, mientras que, por el contrario, sí ha atendido “las presiones” de los empresarios”, por lo que “no es una norma de interés general", sino que solo “responde al de los hosteleros”.

El representante de La Axerquía asegura que los vecinos se sienten “desamparados” tanto por la Junta como por el Ayuntamiento, respecto al que echan en falta que también recurra el decreto. En este sentido, el representante de Al-Zahara, Rafael Carmona, ha manifestado que “el decreto se hace de espaldas a las personas” y los ayuntamientos, entre ellos el de Córdoba, “no se ponen a la cabeza de defender la ciudad”. “La asociación está convencida de que este decreto “va a ser un problema añadido a los que tiene ya el casco histórico”, como la despoblación o el aumento de los alquileres, “que sufre desde hace décadas y parece que no hay un plan concreto”. Los vecinos insisten en la declaración de espacios como la Ribera como Zonas Acústicamente Saturadas y en la desconcentración de actividades.

Entre las denuncias realizadas hoy destaca también la de la falta de una ordenanza en relación al plan de usos de La Corredera, que no se ha hecho “y cada vez está más degradada”.

Por su parte, Antonio Cerrato ha mostrado su preocupación porque hay locales que ya están poniendo música en base al decreto, por lo que teme que vaya a más. Los vecinos están dispuestos a llegar a los tribunales europeos.