El sindicato Ustea llevará a la Inspección de Trabajo el incumplimiento de la legislación sobre temperatura en las aulas andaluzas. Considera que "la falta de previsión, las deficiencias en infraestructuras y la insuficiente dotación de recursos y medios por parte de la Consejería de Educación ha provocado que la actividad docente se esté llevando a cabo en condiciones ambientales que no respetan la legalidad vigente, ante la necesidad de mantener puertas y ventanas abiertas".

El Real Decreto 486/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, concretando que, "para los locales donde se realicen trabajos sedentarios la temperatura “estará comprendida entre 17º y 27º". Si bien la legislación en materia de prevención de riesgos laborales es clara, indica Ustea en un comunicado, "el incumplimiento de la misma es sistemático por parte de la administración educativa, que no ha tomado ninguna medida excepcional para poder garantizar unas condiciones de trabajo para el profesorado y para el alumnado que se ajusten a la legalidad".

En este sentido, desde que este curso se iniciara, Ustea ha denunciado este incumplimiento en numerosas ocasiones y diversas causas, "que van desde la nula evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo (tarea pendiente desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995), hasta el incumplimiento de propio Plan de Prevención, pasando por la nula comprobación de las condiciones de ventilación en las aulas, a pesar de su importancia en la transmisión del coronavirus por aerosoles, o la deficiente aplicación de los protocolos ante casos positivos en numerosos centros, sin olvidar la desprotección del personal sensible ante la exposición al Covid-19".

"La situación es especialmente grave ahora que nos encontramos inmersos en plena expansión de la tercera oleada de contagios, con un aumento constante de los casos y de la presión hospitalaria en los últimos días, y que se suma a otra ola, la ola de frío y bajas temperaturas", indican, mientras "la administración continúa con una deplorable actitud de inacción ante los problemas reales de la escuela pública andaluza".

Para el sindicato, "a falta de otro tipo de actuaciones, resulta imposible mantener unas condiciones de temperatura y humedad aceptables dentro de las aulas al tiempo que se mantienen ventanas y puertas abiertas para propiciar una ventilación del espacio". Si bien desde Ustea se ha venido advirtiendo en repetidas ocasiones sobre el advenimiento de este problema si no se tomaban las medidas necesarias, "la respuesta de la administración ha sido nula, dejando caer los efectos de sus irresponsabilidad y desprecio sobre las espaldas de los y las trabajadores y del alumnado que está sufriendo una situación del todo inaceptable", insisten.

Anpe-Andalucía se ha sumado a las críticas y ha exigido a la Consejería de Educación que se adapten los protocolos covid a las condiciones invernales. Para ANPE, las condiciones ambientales que se están dando ahora mismo en un elevado número de aulas andaluzas "son sencillamente intolerables", vulnerando las mínimas condiciones de habitabilidad de los espacios de trabajo determinadas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, norma por la que los docentes no deberían estar expuestos de forma permanente durante su actividad en el aula, a temperaturas inferiores a 17 grados centígrados.

En un comunicado, detallas que "todos somos conscientes de la dificultad de conciliar el mantenimiento de una adecuada temperatura en espacios interiores con las necesidades de ventilación para minimizar las posibilidades de contagio del coronavirus SARS-Cov-2". Por ello, demandan la convocatoria urgente de una reunión de la Mesa Sectorial para tratar la necesidad de acometer, por parte de Educación y Salud, una actualización de los protocolos de ventilación, adaptada a la situación climática que estamos viviendo. E igualmente exigimos, a todas las administraciones públicas implicadas, la dotación a dichos centros de los medios técnicos que puedan ser útiles para minimizar este problema.

En última instancia, y para aquellos centros en los que no sea posible, de ninguna de las maneras, proponen "que se abra la posibilidad de una interrupción temporal de la actividad lectiva presencial, sustituyendo esta por la enseñanza telemática".