La Gerencia de Urbanismo tiene intención de permitir a la Junta la venta de parcelas en el parque logístico. Eso es, al menos, lo que se desprende de la reunión mantenida ayer entre el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino (PP), el alcalde, José María Bellido (PP), y el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP). Merino explicó ayer a este periódico que ha entregado a Urbanismo un informe técnico y que en la reunión se vio que las dos administraciones «comparten los mismos criterios». Merino aseguró que Urbanismo «va a encargar un informe a los técnicos y no habrá ningún problema, podremos vender». Merino espera contar con ese informe este mismo mes, ya que «urge mucho» tanto para la empresa que quiere instalarse en el parque «como para otras».

Hay que recordar que hay una empresa interesada en instalarse en el parque logístico, pero en suelo en propiedad, por lo que exige a la Junta que le venda el terreno que necesita. Sin embargo, la Junta solo puede alquilar.

Paralelamente, la Junta quiere contar con parcelas de gran tamaño en la segunda y tercera fase del parque, que están aún sin urbanizar. El parque logístico empezó a funcionar en el 2009 con el aparcamiento de camiones y se inauguró en el 2010 con dos naves. Su primera fase, con cuatro naves construidas y otros servicios, tiene en la actualidad un nivel de ejecución del 50%. La Junta tiene en mente desde hace tiempo una modificación urbanística que permita parcelas más grandes. Aunque la Junta «estudia replantear la segunda y tercera fase», confía en que la venta de parcelas que se va a permitir ahora contribuya a impulsar ambas.

En el anterior mandato, Urbanismo, en manos de IU, mantuvo reuniones con la APPA y con la Red Logística de Andalucía. En una de ellas, la Junta se comprometió a presentar una propuesta para lograr vender una parcela de 20.000 metros. Entonces se propuso la posibilidad de modificar el PGOU y el plan especial basándose en la ley 5/2001 que regula las áreas de transporte de mercancías. La tesis defendida por el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía era que con la aplicación directa de esa ley se podría vender, aunque Urbanismo aseguraba que no era posible sin la modificación. La idea era estudiar si modificar el PGOU o el plan especial.