El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, ha firmado una resolución mediante la que ordena paralizar la obra de una vivienda promovida por el Cabildo Catedral de Córdoba en la que el Servicio de Inspección ha detectado «una infracción urbanística». La resolución relata cómo el 25 de abril la Policía Local abrió un boletín de denuncia contra el Cabildo «como presunto responsable por realizar obras sin la preceptiva licencia municipal consistentes en la reforma integral de una vivienda unifamiliar de dos plantas, de 110 metros cuadrados por planta, en la calle Encarnación número 13». En el acta, la Policía explica que es «una vivienda típica de la zona», en la que «se están realizando obras» y las de la planta superior «se encuentran prácticamente terminadas», mientras que en la baja se están llevando a cabo trabajos de «picado y enlucido de paredes, sustitución de tuberías, sustitución de puertas y ventanas, y sustitución de un tramo de acometida de aguas residuales». Además, la Policía Local indica que «en el patio están levantando unos tabiques para la construcción de una habitación», todo ello con «una licencia de obras simplificada».

Un día antes, la Oficina de Disciplina de Obras del Servicio de Inspección recibió un informe de la Oficina de Arqueología en el que comunicaba que las obras «exceden de los supuestos contemplados en la licencia de procedimiento simplificado obtenida». Arqueología había visitado la vivienda tras recibir una denuncia telefónica de la Delegación de Cultura de la Junta. En la visita, Arqueología vio «la excavación de varias zanjas, que se encontraban parcialmente cubiertas, con el objeto de renovar el sistema de saneamiento y las instalaciones, eliminación de los revestimientos de las paredes dejando al descubierto las fábricas, actuaciones que exceden de los supuestos contemplados en la licencia y que afectan a un inmueble catalogado». Esta parcela figura en el Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico como conjunto catalogado de Santa Clara. Tras la visita, Urbanismo concluye que las obras «no cuentan con la preceptiva licencia que las ampare», por lo que considera que se produce «una presunta infracción urbanística».

Ante esto, Urbanismo ordena la «inmediata suspensión, con carácter cautelar», y advierte al Cabildo de que si incumple la medida, será sancionado cada diez días como mínimo con el 10% del valor de las obras y partiendo de una cantidad de 600 euros. Además, avisa de que el incumplimiento de la orden conlleva la clausura de las obras mediante precinto policial y puede dar lugar a «una infracción urbanística de carácter muy grave» con una multa mínima de 6.000 euros. Al mimo tiempo, Urbanismo inicia el procedimiento de protección de la legalidad y da al Cabildo un plazo de dos meses para que legalice las obras, ya que, si no, habrá más sanciones; y otro de quince días para alegar.

El Cabildo mostró ayer su sorpresa por esta resolución que desconocía. Fuentes del Cabildo insistieron en que Urbanismo no les ha comunicado nada. Las mismas fuentes explican que la vivienda se destinará a oficinas.