La Gerencia de Urbanismo no permitirá viviendas con fines turísticos ni apartamentos dedicados a alojar viajeros en toda el área del conjunto histórico declarada Patrimonio de la Humanidad ni en dos zonas consideradas especiales, La Ribera y La Corredera. En ese entorno solo autorizará que el propietario de una vivienda alquile una o dos habitaciones de la misma (el 25%) para un uso turístico porque en ese caso está compartiendo su propio inmueble. En el resto del conjunto histórico, Urbanismo aplicará otras limitaciones tanto a apartamentos como viviendas. El presidente de Urbanismo, Pedro García, y el gerente, Emilio García, han dado a conocer esta mañana el avance de la innovación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch) que echó a andar en julio pasado y que dará un nuevo paso en el consejo rector previsto para el viernes.
En el conjunto histórico, y fuera ya de la zona Patrimonio de la Humanidad, de la Ribera y de La Corredera, podrá haber apartamentos turísticos pero solo si todo el edificio se dedica a ese fin. En ese ámbito la vivienda con fines turísticos está permitida pero con la limitación de que solo el 25% de un bloque residencial podrá destinarse a ese uso, con la limitación de dos pisos como máximo por inmueble.
El avance que llegará el viernes al consejo rector tiene una implicación más que ya fue polémica el verano pasado cuando se anunció la innovación del Pepch. En el momento en el que el avance reciba el visto bueno del consejo y sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, quedarán suspendidas de manera cautelar las licencias para viviendas turísticas y apartamentos tanto en la zona Patrimonio de la Humanidad, Ribera y La Corredera como en el resto del conjunto histórico. Cada ámbito se verá afectado en función de las medidas previstas en la innovación. En el caso de los apartamentos, y en las zonas consideradas especiales (Patrimonio de la Humanidad, Ribera y La Corredera), la suspensión cautelar se aplicará solo a los de más de 40 plazas. La suspensión no tendrá carácter retroactivo.
El presidente de Urbanismo ha explicado que estas son las primeras medidas fruto del estudio realizado por Espacio Común para el Imtur, que fue presentado ayer y que da cuenta de la presión turística que hay en el conjunto histórico, aunque no concluye que sea alta ni que esté provocando despoblación.
El Pepch, tal y como está ahora, y según ha explicado García, contempla que en la zona Patrimonio de la Humanidad no puede haber un edificio completo destinado al comercio, sino que debe tener una parte residencial. Esa misma medida se aplicará también a la hostelería, por lo que no podrá haber bloques completos dedicados a este sector en ese ámbito ni el Ribera ni Corredera. “Podrá ir en la planta baja de un edificio comercio y hostelería, pero no en todo”, puntualiza, para “potenciar el uso de la vivienda en todo el casco” y que el “uso residencial supere siempre el 50%”.
Los apartamentos turísticos deberán cumplir las mismas condiciones de habitabilidad que las viviendas, para que cuando dejen de tener ese destino, puedan habitarse. Además, no podrá haber de más de 40 plazas en las zonas en las que los hoteles tienen esa misma limitación.
En cuanto a los hoteles, que ya tienen limitaciones en la zona Patrimonio de la Humanidad, las tendrán también en La Corredera y la Ribera, donde, en zonas peatonales, no podrán tener más de 20 habitaciones y sus patios han de cumplir los mismos requisitos que una vivienda.
El avance incorpora otras novedades que afectan a los solares del conjunto histórico, a los que Urbanismo permitirá que se les dé un uso temporal para espacios libres, deportivos, huertos familiares y estacionamientos de vehículos para residentes. Además, los edificios con nivel protección mayor son los que tendrán más facilidades para cambiar de uso o agregar parcelas o desagregrar.
El verano pasado, el socio de gobierno de IU, el PSOE, se mostró en contra de la suspensión cautelar de licencias. Incluso la Junta, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, rechazaron la suspensión de licencias. Tras ello, Urbanismo retiró la propuesta del punto de acuerdo aprobado en julio. García ha admitido que aunque el PSOE conoce la propuesta actual, no sabe si la apoyará. “Deberían votar a favor todos los partidos”, afirma, “es una cuestión de sensatez”, concluye.La medida ha de comunicarse a la Junta para que no permita la inscripción en su registro de las viviendas que no cumplan los requisitos exigidos.
