La Gerencia de Urbanismo inicia hoy una modificación del PGOU para introducir un artículo que establecerá los requisitos mínimos de seguridad, habitabilidad y salubridad que deben cumplir las casas ilegales para optar a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que no las legaliza pero les permite inscribirse en el Registro de la Propiedad, realizar obras de conservación y tener servicios básicos con condiciones. Las normas que aprueba el consejo rector toman como modelo la orden de la Junta de marzo del 2013, que, entre otros requisitos, exige que las viviendas que aspiren al AFO no alteren "gravemente" la contemplación del patrimonio histórico, con el fin de evitar impactos. Esto puede dificultar la obtención del AFO en viviendas del entorno de Medina Azahara. Otro requisito que pide Urbanismo es que, además de no tener daños que supongan un riesgo, las casas de suelo no urbanizable que pretendan ser AFO han de contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante avenidas o escorrentías. Esto reitera la dificultad del AFO en casas de zona inundable sin medidas contra ese riesgo. Otros requisitos son que tengan protección contra incendios, sistema de abastecimiento de agua --la potabilidad debe quedar garantizada--, red de saneamiento --nada de pozos ciegos--, y sistema de eliminación de residuos sólidos.

El presidente de Urbanismo, Luis Martín, insistió en que son requisitos mínimos que marca la Junta y mostró su confianza en que se cumplan. "Esto es lo mínimo, mínimo, y si no, bajaremos del mínimo", ya que "el AFO se va a conceder sí o sí". Modificar el PGOU para introducir estas normas de habitabilidad implica aparcar la ordenanza que preparaba Urbanismo y que ahondaba más en la dotación de servicios. La declaración del AFO es una de las vías previstas en el plan de viabilidad de Urbanismo para lograr ingresos. Martín reiteró que es una "propuesta viable" y que los ingresos previstos con las parcelaciones son "realistas". Otro camino es la monetarización del 10% del aprovechamiento, fijado en el valor de VPO o vivienda social --158 euros por metro cuadrado--. Aunque insistió en que la forma de pago se fijará más adelante, aseguró que "se buscará la forma mejor para que se siga adelante" con los procesos de regularización.