La empresa encargada de la obra de la antigua escuela de Magisterio, Vías y Construciones, recibirá un nuevo ultimátum por parte de la Gerencia de Urbanismo para que termine la reforma y subsane las deficiencias detectadas en la misma. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha anunciado esta mañana que el primer consejo rector que se celebre, lo que podría ocurrir a finales de julio una vez que el Pleno apruebe su composición así como la del resto de organismos y empresas municipales, acordará declarar la terminación del procedimiento de resolución de contrato iniciado durante el anterior mandato. Urbanismo dará ese paso después de que el Consejo Consultivo no haya dado la razón al Ayuntamiento, por lo que no puede resolver ese contrato. La solución es, por tanto, el sobreseimiento del procedimiento y olvidarse del mismo. En ese consejo se decidirá también convocar a Vías y Construcciones al acto de recepción de las obras, en el que le comunicará las unidades no ejecutadas y las realizadas mal, dándole el plazo de mes y medio para concluirlas y arreglarlas.

El nuevo presidente de Urbanismo tiene la intención de agotar todas las vías posibles y evitar llegar al juzgado, aunque esta opción no se descarta en caso de que la empresa no cumpla con los requerimientos del organismo municipal. "Lo más razonable" es, según Fuentes, intentar dar "una solución lo más eficaz posible" con las medidas planteadas. "Irnos a los juzgados supondrá más tiempo y deterioro", señala.

La reforma de la antigua Normal de Magisterio es una obra incluida en el plan Urban Sur, que debía estar acabado en el 2015. Aunque la obra fue adjudicada por 4,8 millones a final del 2013, dos años después, en el 2015, no estaba concluida. La actuación tuvo desde el primer momento problemas y se quedó parada en la fase de la estructura en la etapa del gobierno del PP. Esa paralización acabó en el juzgado pero la empresa se vio obligada a retomar los trabajos. El PP reprogramó actuaciones y decidió terminar la reforma con fondos municipales.

El proyecto debía estar culminado en primavera del 2017 pero tampoco fue posible. En la última fase, cuando estaba casi terminada la obra, surgieron desavenencias entre la adjudicataria y Urbanismo, que considera que había múltiples deficiencias en los trabajos realizados. A pesar de las negociaciones que hubo, las diferencias entre las partes siguieron y la obra no concluyó y siguió parada. Por ello, en diciembre del 2018, el consejo rector acordó iniciar el expediente de resolución del contrato para poder licitar lo que queda de obra. Sin embargo, en junio, Urbanismo recibió el informe del Consejo Consultivo que rechaza sus pretensiones.