La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado un ultimátum al Grupo Barea para que regularice la situación, desde el punto de vista urbanístico, de su planta de reciclaje Recicor XXI, implicada el pasado mes de octubre en un incendio cuyas causas aún se están investigando. Tras una visita técnica realizada a la planta el pasado lunes, el miércoles por la tarde fue notificado el requerimiento oficial que ya había anunciado que se produciría el teniente alcalde de Urbanismo, Pedro García, y que obliga a la empresa a suspender cautelarmente «la actividad que exceda de la licencia de apertura concedida el 24 de mayo del 2010, tanto en lo que pudiera excederse de los límites físicos de la parcela 37 como en los elementos objeto de reciclaje y acumulación en vertedero». Asimismo, advierte a la empresa del riesgo de apercibimiento de utilización de los medios de ejecución forzosa si no lo hace.
En dicho documento, Urbanismo establece un plazo de diez días para que la empresa aporte la documentación técnica que justifique la actividad que ejerce actualmente, «suscrita por técnico competente, así como un informe específico sobre el incendio acaecido el 8 de octubre del 2017 y días subsiguientes».
Del mismo modo, requiere a los titulares de la actividad para que «en un plazo de dos meses» a contar desde ayer 16 de noviembre, «procedan a la legalización de la actividad denunciada o en su defecto, proceda a reponer a su estado originario la realidad física alterada». El requerimiento, además de informar al propietario de Recicor de que no cabe recurso alguno contra esta resolución, incluye un último punto en el que da traslado del documento a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a quien solicita además que basándose en principios de colaboración y coordinación entre administraciones públicas «remita a Urbanismo el informe de la situación administrativa existente en la citada instalación».
La Gerencia de Urbanismo solo puede actuar en cuanto a irregularidades que pueda detectar en lo referido a las licencias urbanísticas de actividad, pero no los incumplimientos en que pudiera haber incurrido la empresa desde el punto de vista medioambiental. Las actuaciones emprendidas por Urbanismo van en la línea de las declaraciones realizadas recientemente por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que la semana pasada apostó por la prevención al recalcar que las labores de inspección tienen que ser «mucho más duras y continuas» y «no esperar a que ocurra un accidente como ha ocurrido para elaborar un documento». Ambrosio dejó claro que había que tomar medidas puesto que «no pueden existir actividades empresariales en la ciudad que no cuenten con un mínimo de medios para actuar en materia de urgencias» y abogó por «la vigilancia continua» para evitar que incendios como el ocurrido en octubre vuelvan a suceder.
