El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo iniciará el miércoles los trámites para aprobar el avance de planeamiento que exige la Junta a los ayuntamientos en su decreto para la regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable. El documento es una especie de inventario que identifica las casas ilegales existentes en ese tipo de suelo, que es el que encuentra amparo en el decreto andaluz que entró en vigor hace más de un año. Ese avance incluye el listado de asentamientos identificados con sus correspondientes planos y fichas. Según explica el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, en total son 97 los núcleos contabilizados, que ocupan una superficie de 3.008 hectáreas. En ellos hay 4.334 viviendas. El 60% de esas casas --2.554-- se encuentran ubicadas en 56 asentamientos urbanísticos que ocupan 559 hectáreas. Además, hay un 37% de las viviendas --1.641-- que se consideran construcciones aisladas y están repartidas en 36 núcleos localizados en 2.430 hectáreas, principalmente en la Sierra. Por último, Urbanismo solo ha identificado un 3% de las edificaciones --139-- en 5 hábitat rurales diseminados, que es la tercera figura que contempla el decreto de la Junta. En este caso, ocupan 19 hectáreas y son asentamientos históricos. El inventario incluye la decena de asentamientos que están tramitando una modificación de PGOU para su regularización. Las cifras han variado respecto al borrador en el que trabajaba Urbanismo en enero, que incluía en 78 núcleos 3.887 viviendas --1.598 en 38 agrupaciones de casas aisladas, 2.125 en 35 asentamientos, y 164 en 5 casos de hábitat rural--.
El decreto de la Junta servirá para legalizar muy pocas viviendas pero permitirá mejorar la situación de las que puedan convertirse en asimilado al fuera de ordenación (AFO), que es la llave para lograr los servicios básicos. El avance que se aprobará el miércoles es el punto de partida. El documento deberá ser aprobado después por el Pleno, entrar en exposición pública durante 30 días y luego recibir un informe de la Junta, que tendrá un plazo de dos meses para ello, según la normativa que entró ayer mismo en vigor. Hasta que el avance y la ordenanza que debe acompañarlo no entre en vigor, no se podrá otorgar el AFO a las casas que lo pidan, aunque una vez que esté en exposición pública los interesados podrán iniciar la tramitación.
Urbanismo también trabaja en la ordenanza que debe acompañar a este avance y que recoge los requisitos que han de cumplir las casas para ser AFO. Sin embargo, no está previsto que esa ordenanza llegue al consejo del miércoles. Paralelamente, tiene aprobada de forma provisional la modificación del PGOU para recoger la figura del AFO.
