El primer teniente de alcalde y presidente de Urbanismo, Pedro García, calificó ayer de buena noticia que la empresa que hizo el estudio geotécnico previo a la construcción del centro cívico de El Higuerón tenga que pagar casi 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Córdoba. Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 da la razón a la Gerencia de Urbanismo y a los intereses municipales, después de que en este mandato se iniciara el expediente de responsabilidad patrimonial contra dicha empresa. Según determina el fallo, contra el que cabe recurso, la empresa no detectó en su estudio geotécnico las características del terreno de arcillas expansivas que precisan una cimentación determinada. Este estudio «negligente», dice la sentencia, fue el causante de los daños estructurales del inmueble y de la aparición de grietas, que llevaron al cierre del mismo.

El juez da la razón al letrado del Ayuntamiento, Miguel Aguilar, así como a los técnicos de la Gerencia en la parte técnica, quedando demostrado que la falta de previsión del estudio provocó «movimientos diferenciales de la cimentación». Solo se estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa en lo relativo a una partida de 35.611 euros por varios conceptos (la encomienda del Ayuntamiento a Urbanismo, una factura de inspección de mayo del 2016 y la contratación de la nueva campaña de inspecciones) al no haberla justificado el Consistorio.

El 30 de septiembre de 2012, es decir hace seis años, el Ayuntamiento se vio obligado a cerrar el centro cívico de El Higuerón por las numerosas grietas y fisuras que presentaba el inmueble. Los técnicos recomendaron el cierre de este edificio, que había abierto hacía tan solo tres años, por precaución y seguridad. La obra, uno de los proyectos más importantes de la Corporación municipal encabezada por Andrés Ocaña, costó en torno a tres millones de euros de los que la Gerencia Municipal de Urbanismo aportó 2,32 millones y la Consejería de Salud (parte del inmueble era ambulatorio) puso el resto.

Después del cierre, el Ayuntamiento de Córdoba inició una pelea administrativa y judicial para que la empresa constructora se hiciera cargo de los errores y defectos del estudio geotécnico. García puntualizó ayer que desde 2016 y cada tres meses se hace un seguimiento de la evolución de la construcción y controles para asegurar que no hay riesgos sobrevenidos.