El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto dar luz verde el miércoles al abono de parte de las expropiaciones de la ronda de Poniente, en la que se ubica el Puente de Andalucía, que aún colean desde 1999, cumpliendo así con la sentencia del TSJA que le obliga a pagar 3,7 millones más intereses a los dueños de los terrenos.

El TSJA dictó una sentencia en enero que estima parcialmente un recurso de Nicolás Moya, propietario al 50% del suelo, y obliga a Urbanismo a pagar 3,7 millones más intereses por las expropiaciones. El Ayuntamiento recurrió al Supremo pero el alto tribunal, en junio, acordó inadmitir a trámite el recurso.

A raíz de ello, Urbanismo debe proceder a abonar la cantidad adeudada, que en el caso de Nicolás Moya, asciende a 1,8 millones, aunque el organismo municipal ya le había pagado una parte, por lo que le queda 1,3 millones por entregar. A esa cantidad hay que sumarle 1,2 millones más de los intereses, por lo que ambas cifras unidas dan como resultado los 2,5 millones.

Para cumplir con esta obligación, Urbanismo llevará a cabo una modificación presupuestaria que consistirá en un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería del ejercicio 2018 por una cantidad de 2,3 millones.

El expediente llega al consejo rector con un informe de Intervención en el que este servicio advierte de que la modificación va a "incidir sobre el déficit presupuestario repercutiendo negativamente tanto en el cómputo de la estabilidad presupuestaria como en la regla de gasto". Intervención avisa de que el impacto se hubiera evitado si Urbanismo hubiera contemplado dinero suficiente en el fondo de contingencia, tal y como le advirtió antes de aprobar los presupuestos del organismo municipal el año pasado.

Aunque la ronda de Poniente u Oeste era una obra de la Junta, el Ayuntamiento debía encargarse de la adquisición de terrenos. El proceso se ha alargado por las discrepancias en la valoración de los mismos.