La aprobación inicial de la modificación del PGOU que pone freno a las salas de juegos y casas de apuestas tendrá que esperar después de que Urbanismo la haya aparcado para tener garantías de que los pasos que se están dando son los correctos. El consejo rector del organismo municipal no ha votado este miércoles el punto mediante el que se le daba el visto bueno a la redacción del artículo con el que solo se permitirá este tipo de negocio en polígonos industriales y en zonas comerciales, al no poder ubicarse en espacios residenciales, y lo alejará más de 500 metros de los centros educativos. Tras la retirada del punto, Urbanismo dará dos pasos. Por un lado, se asegurará de si hace falta una consulta pública como pide Vox y, por otro, se cerciorará de si tiene potestad o no sobre la actividad del juego, porque si no, la innovación no seguirá adelante.

Según las fuentes consultadas, la retirada se ha producido por las dudas que han surgido en cuanto al procedimiento seguido después de que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, haya asegurado que debería haber tenido lugar una consulta pública de quince días antes de la aprobación inicial y en el momento en que Urbanismo anunció su intención de modificar el artículo del PGOU. Badanelli se apoya en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas para exigir el trámite de información pública previo. La concejala explica que el objeto de la consulta pública no es realizar alegaciones sino recabar la opinión de los ciudadanos.

El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, asegura que la retirada se produce "para que haya seguridad jurídica" y que, además de determinar si hace falta ese periodo de información pública previo y de si se ha cumplido, "de forma paralela", y mañana mismo, va a consultar "de manera informal a la Consejería de Hacienda de la Junta y a la Subdelegación del Gobierno para verificar si Urbanismo tiene potestad para regular la actividad del juego". Fuentes recuerda que el secretario del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, ya advirtió en el pleno de la semana pasada de que la Junta tiene competencia exclusiva en materia de juego. En caso de que las respuestas de la Junta y de la Subdelegación vayan en esa línea y digan que Urbanismo no tiene potestad en materia de juego, "la innovación no seguirá adelante", afirma. En ese caso, Fuentes no descarta estudiar una nueva moratoria para la concesión de licencias pero mientras Gobierno y Junta modifican la normativa sobre salas de juego.

Del orden del día también se ha retirado otro punto relacionado con las salas de juego, mediante el que el consejo admitía a trámite las alegaciones presentadas por la asociación Aprocomar y las desestimaba. Los empresarios han interpuesto recursos por la moratoria en la que Urbanismo no concede licencias y porque consideran que Urbanismo no es competente en materia de juego. El compromiso del presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha sido que ambos puntos se abordarán en otro consejo rector una vez que se resuelvan las dudas planteadas en relación al trámite de información pública previo y a las competencias de Urbanismo -aunque todo queda supeditado a esto último-.

Tras el consejo, el concejal de Podemos, Juan Alcántara, ha criticado lo sucedido este miércoles, que considera una "jugada del lobby del juego".

El contenido de la innovación

La innovación afecta al artículo 12.4.8 del PGOU. La formulación de la misma fue aprobada por el consejo rector en diciembre del 2019 y por el Pleno en enero del 2020. Mediante su publicación en el BOP, que se produjo en febrero del 2020, se inició un periodo de un año en el que las licencias quedan suspendidas, por lo que Urbanismo no puede otorgar permiso a salas de juego nuevas. Después, esa moratoria se prorrogó y llega a su fin en abril.

Con la nueva redacción que se le da al artículo 12.4.8 no podrá haber "establecimientos de juego, azar, bingos, casinos, locales de apuestas, etcétera" a "menos de 500 metros de un suelo calificado como equipamiento comunitario educativo", ni "en suelos calificados como residencial o equipamiento comunitario", ni tampoco podrán coexistir "en edificios destinados total o parcialmente a uso de vivienda o equipamiento comunitario". Quedarían limitados, por tanto, a "suelos calificados como industrial o terciario". Además, la nuevas salas de juego han de contar con plazas de aparcamiento y si se compatibilizan con otras actividades o usos, "predominará el recreativo en el caso de que ocupe más del 20% de la superficie total".