Tanto desde la Federación de Enseñanza como desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT se considera que los problemas que está teniendo la Administración autonómica a la hora de sacar adelante las distintas licitaciones, es que las hace "a la baja", ya que sólo mira su ahorro económico, por lo que a las empresas le resulta difícil, por no decir imposible, poder realizar el servicio con un mínimo de garantías. Ante esta situación, representantes sindicales de UGT se han concentrado este lunes por la mañana ante la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba.
Para FeSP y FeSMC la administración no está cumpliendo con sus obligaciones, informa una nota de prensa, en tanto que es su responsabilidad supervisar que las empresas adjudicatarias están al corriente tanto de los pagos a la Seguridad Social de sus trabajadores como de las nóminas de los mismos. Al no ejercer este control, y puesto que la Ley de Contratación establece que la deuda que dejan las empresas debe ser cubierta por la nueva adjudicataria del servicio, hace muy poco atractivo para las empresas optar a la concesión, de manera que finalmente sólo apuestan por ella aquellas que incumplen, aún más si cabe, con los derechos legales de los trabajadores y la prestación del servicio a los usuarios.
Puntualmente, y sólo ante las presiones de UGT y AMPAS, exigiendo "una respuesta y solución inmediatas o en su defecto la dimisión de Imbroda por su incompetencia y falta de empatía con la sociedad afectada de forma tan grave y su sospechoso silencio que indica su incapacidad y recursos para solucionar el problema", la Administración ha “movido ficha” y esta semana, la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad y Políticas Sociales, Inmaculada Troncoso, ha anunciado que la consejería contratará con carácter “urgente”, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), el servicio de comedor escolar en el CEIP Cervantes de Espejo. Pero esta gravísima situación afecta a miles de trabajadoras y a 147 comedores escolares en Andalucía, con 12.000 comidas diarias, de las cuales más del 80 por ciento de las familias se encuentran bonificadas, por su dificultad económica.
Desde UGT se considera "urgente” una contratación a finales de trimestre escolar es una muestra más de la falta de diligencia a la hora de prestar servicios públicos por parte de la Administración. "En este caso concreto se ha dejado a cientos de familias sin servicio de comedor desde septiembre, familias que en muchos casos trabajan en la campaña de recogida de la aceituna y que ante esta situación uno de los miembros, mujeres en su gran mayoría -con ínfimos ingresos y que dependen de este precario trabajo para poder sacar adelante a sus familias-han tenido que renunciar a dicho ingreso por no poder dejar a los hijos en el comedor escolar·, sostiene UGT en la nota..
Además, esta situación se viene dando en los diferentes servicios que salen a concurso desde la Administración desde hace años, si bien la pandemia ha puesto en evidencia la falta de capacidad de gestión de la Administración.
Por ello, desde UGT se exige a a la Administración la responsabilidad que le compete a la hora de asignar las concesiones de los servicios que contrata. "Actualmente, tenemos cafeterías cerradas en la Universidad de Córdoba y en diferentes centros hospitalarios (Los Morales, Pozoblanco…), el sector de transporte de viajeros con el planteamiento de pérdida de derechos y salarios, el sector de limpieza con sueldos por debajo del Salario Mínimo aprobado por el Gobierno, conciertos de seguridad privada con asignaciones económicas muy por debajo del costo del servicio, y un largo etcétera", concluye la nota..
