La comisión especial de Agricultura del Parlamento Europeo ha confirmado el acuerdo para una modificación de la normativa de la Política Agraria Común (PAC), que reconoce como pastos permanentes aquellas superficies en las que predominan árboles y arbustos. Esta decisión beneficiaría a la dehesa española.

El acuerdo, realizado a través del denominado reglamento Omnibus, supone una revisión intermedia de la actual PAC a la espera de una reforma más profunda más allá del 2020. Las comunidades andaluza y extremeña serán de las más beneficiadas por este acuerdo. Uno de los aspectos recogidos en el citado reglamento aborda al tratamiento de los pastos permanentes.

Los ganaderos españoles, en especial los que tienen explotaciones en dehesa, se han visto perjudicados por unas normas que «dejaban fuera de las ayudas determinadas superficies con árboles y arbustos que son utilizadas por el ganado». De hecho, España ha sido sancionada precisamente por esta inadecuada definición de la dehesa en la PAC.

Con esta nueva norma, «la UE reconoce el derecho de los Estados miembros a considerar como pastos permanentes aquellas superficies en las que predominan árboles o arbustos», indican desde las administraciones afectadas. A la espera de la publicación de los textos definitivos, tanto Extremadura como Andalucía esperan que se pueda aplicar a nivel nacional a partir del 2018, «considerando como elegibles todas las superficies de pastos que se han quedado fuera en los últimos años». La provincia de Córdoba y, en concreto, las comarcas de Sierra Morena y Los Pedroches, se verán beneficiadas con esta medida. Córdoba es la provincia andaluza con mayor superficie adehesada. Cuenta con más de 420.000 hectáreas distribuida por 47 municipios, de los que 32 tienen más del 25% de su superficie ocupada por la dehesa. Localizada fundamentalmente en Sierra Morena y Los Pedroches, permite que desarrollen su actividad 3.500 explotaciones ganaderas con más de 785.000 animales.

La dehesa es un ecosistema agroferestal, de gran valor ecológico, que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria, al objeto de preservar sus características medioambientales y de mantenimiento económico.