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por primera vez dispone de una norma muy completa en este ámbito

La UCO se dota de un protocolo para hacer frente a casos de acoso laboral

Se podrá abrir un expediente o llevarlo al órgano competente si es delito o falta

 

Rectorado de la Universidad de Córdoba. - SÁNCHEZ MORENO

Carmen Aumente Carmen Aumente
17/01/2018

La Universidad de Córdoba dispone por primera vez de un procedimiento para la prevención y resolución de conflictos en materia de acoso laboral, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en la última sesión ordinaria del pasado año, y que a partir de ahora deberá desarrollar, con la próxima constitución de una comisión que presidirá el rector o persona en quien delegue y estará integrada por personas con formación en materia de acoso, igualdad y mediación. Esta norma completa otra igualmente importante, aprobada en el 2013 y modificada en el 2015, el Protocolo para la Prevención y Protección frente al acoso sexual y por razón de sexo.

El vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras, Antonio Cubero, dijo ayer a este periódico que esta normativa, a propuesta del Comité de Seguridad y Salud de la UCO, ha sido largamente estudiada y consensuada, con todas las garantías jurídicas, porque «es una herramienta que es bueno tenerla aunque lo mejor es no tener que usarla», por lo delicado de estos temas, «muy duro para quien lo padece». No obstante, el vicerrector dijo no conocer ningún caso de acoso laboral en la UCO, más allá de «comentarios y rumores que no han ido a más» y solo unos dos casos de acoso sexual que ocurrieron hace años.

En la declaración de principios de la norma, la UCO manifiesta «tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia física, psicológica o de acoso laboral, sin atender a quién sea la presunta víctima o la persona presuntamente acosadora ni cual sea su nivel jerárquico en la Universidad». A todos les garantiza «un trato respetuoso y digno, así como el derecho a la intimidad». Una vez recibido el escrito de denuncia, se reunirán las personas que determine la comisión (CPRCA) que resolverán, en el plazo máximo de 10 días, la admisión a trámite de la misma. Si es así, se iniciará la instrucción del caso y se elaborará una propuesta de resolución, que puede llevar a medidas que mejoren el clima laboral, a acciones correctoras, a la apertura de un expediente disciplinario o si se estima que son hechos constitutivos de delito o falta, se trasladará al órgano competente.

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